Ambiente de intervención

Cuerpo ya ha hecho pública la oposición del Ejecutivo a esa operación, lo que convierte la iniciativa del banco que preside Carlos Torres en una batalla entre un banco y su Gobierno. Mala papeleta, porque es extraño que un banco grande se oponga al Gobierno de su país y no le arrendaría las ganancias. En el seno del BBVA albergaban la esperanza de que pasadas las elecciones catalanas, vueltas las aguas políticas al remanso -qué lejos estamos de ese escenario- se abriese una vía de entendimiento y las autoridades «comprendiesen» las bondades de la operación. Básicamente, según el argumentario de BBVA, tener una entidad más fuerte y por lo tanto resistente a las futuras crisis. Lejos de aplacarse la oposición, el titular de la cartera de Economía ha iniciado un 'road show' por Europa para que todo el mundo conozca que al gabinete de Pedro Sánchez no le gusta la fusión. Ha comenzado por el Banco Central Europeo y no parará ahí.

De momento hay algo que el Gobierno no ha explicado con claridad. Sí ha dicho que, en su opinión, esta suma de dos bancos puede generar problemas en el mercado por una restricción de la competencia, pero no ha matizado por qué ni dónde. En el País Vasco, por ejemplo, donde tenemos dos entidades singulares con un peso importante en el mercado -Kutxabank y Laboral Kutxa-, la fusión apenas supondría un recorte de competencia. Pero si esa restricción se produce en otras zonas de España el Gobierno debería aclararlo y cuantificarlo. ¿Qué cuota de mercado no debe superar una entidad financiera en una región? ¿Lo dicho significa que ya no caben más fusiones bancarias en España o que solo molestan las que afectan a las emociones políticas de los ciudadanos de alguna región concreta? Si somos europeos, ¿hay que atender a la cuota de mercado que tiene cada banco en Almendralejo, por poner un ejemplo, o en el conjunto de Europa? ¿Entran en juego las cuotas que han comenzado a captar entidades de nuevo cuño como Revolut, que ha calado entre los más jóvenes y no tiene sede en España?

Ese tipo de cuestiones técnicas deberían ser explicadas por el Gobierno con detalle ya que, de lo contrario, solo cabe pensar que la decisión de oponerse a la fusión se debe más a razones políticas y de conveniencia que de mercado. Que se sepa, además, la intervención del Gobierno en una entidad financiera no garantiza ni un mejor servicio ni mejores precios. ¿Acaso regalan los créditos en Caixabank, donde el Estado tiene una participación accionarial de algo más del 16%?

Y las mismas explicaciones se necesitarían para justificar la presencia del Estado en Telefónica o el aumento de participación en Indra.

Mucha intervención y poca explicación.