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Concentración convocada por los vecinos del barrio madrileño de Hortaleza en 2019 a favor de la convivencia tras los sucesos relacionados con el centro de menores extranjeros ubicado en este distrito madrileño. Fernando Villar

Migración: la urgencia de un ordenamiento

Lunes, 28 de julio 2025, 00:00

Escribir sobre la inmigración es un ejercicio arduo y arriesgado. La notable entrada de extranjeros en el país solivianta a unos aludiendo a su falta ... de integración y a sus excesos o delitos, y despierta la tolerancia o el apoyo de otros, apelando a los derechos humanos y a la solidaridad debida, en un mundo profundamente injusto en la distribución de sus bienes, una lotería planetaria que reparte suertes desiguales.

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Ninguno de esos dos posicionamientos, sin embargo, atiende a la última razón en favor de la acogida de extranjeros, que no es otra que la imperiosa necesidad de reforzar nuestro colectivo laboral, amenazado por el invierno demográfico que se nos avecina.

Los disturbios en Torre Pacheco han destapado las fisuras de un debate postergado. La violencia xenófoba que irrumpió en las calles de este municipio murciano, con ataques a comercios y vehículos en el barrio de San Antonio, no solo transgrede la legalidad, sino que pone en jaque la estabilidad económica de una región que respira gracias a sus migrantes.

En España, donde son varios los sectores que descansan sobre manos extranjeras, es coherente preguntarse cómo ordenar este fenómeno sin ceder al marginamiento y al rencor. La respuesta no está, obviamente, en los extremos, en clausurar fronteras, o en abrirlas sin control alguno, sino en la fijación de un marco legal, todavía ausente de forma incomprensible, que armonice necesidades económicas y cohesión social, alejándonos de la crispación que envenena cualquier solución creativa.

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Torre Pacheco, con sus 40.000 habitantes, un tercio de origen migrante, es un reflejo de los retos de la España que debe acoger al trabajador extranjero. La agricultura intensiva, impulsada por el trasvase Tajo-Segura, ha convertido esta árida comarca en una huerta próspera que demanda abundante mano de obra. Los migrantes, mayoritariamente magrebíes, ocupan empleos que los españoles rehúyen: recolección de frutas, trabajos en la construcción o cuidados domiciliarios. Sin el refuerzo de ellos, estos sectores clave colapsarían.

Esta realidad se extrapola al resto del país. Datos recientes revelan que el 70% de los empleos creados en España en lo que va de 2025 han sido ocupados por extranjeros, y desde 2019, el empleo foráneo ha crecido un 47% frente al 3,6% del nacional.

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Sin embargo, la precariedad de estos trabajos perpetúa un modelo económico frágil. A ello se suma el desarraigo de los jóvenes de segunda generación, los 'ninis', que, como señala Nabil Moreno, presidente de la comunidad musulmana local, no se sienten ni españoles ni marroquíes. Excluidos, sin formación ni horizontes, su frustración es el germen de un polvorín descontrolado.

La retórica incendiaria ha jugado un papel sombrío. Algunas voces, amplificadas por plataformas como Telegram, han asociado migración con delincuencia, justificando 'cacerías' que dejaron cinco heridos y 13 detenidos. Este discurso, que elude condenar la violencia, ignora una inapelable verdad económica: los migrantes son un pilar del crecimiento, y en España, con una famélica tasa de fecundidad de 1,2 hijos por mujer, estos nuevos españoles rejuvenecen la población y nutren las pensiones. Tres millones de extranjeros están afiliados a la seguridad social, pagan impuestos sin apenas consumir servicios públicos sanitarios y alivian, en su medida, el déficit fiscal.

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Está sobradamente fundamentado que las deportaciones masivas, como las que algunos proponen, son disparos al pie de nuestra propio bienestar. En Murcia, donde la economía depende de cultivos de regadío, propuestas como las expulsiones generalizadas producirían inflación, reducirían la producción agrícola y dañarían las finanzas públicas, subiendo los precios de los alimentos y recortando los ingresos fiscales.

Urge la ordenación del fenómeno inmigratorio para alinearlo con las necesidades del país, sin que ello suponga el rechazo de este. España debe regular los flujos con cuotas basadas en la demanda laboral y la capacidad de integración. También debe procurar la atracción de talento cualificado, con mejoras de la fiscalidad y otras, para competir con destinos alternativos. La formación es igualmente crucial: programas para la capacitación e integración de los jóvenes de segunda generación no solo prevendrían conflictos, sino que elevarían la productividad del colectivo.

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Ordenar la inmigración es imprescindible. Es el sendero para que nuestra economía prospere, nuestra sociedad se fortalezca y nuestros pueblos, como Torre Pacheco, no se dividan, sino que se unan en la promesa de un progreso compartido.

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