La lucha por un SMI propio marca el arranque de curso para los sindicatos

Pero la tormenta podría estar ya en el horizonte. Parte del empleo de mayor calidad, el asociado a la industria, viene ensombrecido por los ERTE, que sobrevuelan acerías históricas de la talla de Tubos Reunidos o Nervacero. Ya eso se suman unos datos de pensiones que alertan sobre cómo el invierno demográfico en el que está sumido la región no permite garantizar el relevo para los más de 260.000 trabajadores que prevén retirarse durante la próxima década.

Este cóctel de desafíos parece exigir un paz social que no se aprecia en el trinomio formado por patronales, sindicatos y Gobierno vasco. Así lo parece en cuanto al SMI propio para Euskadi. El fallido intento de negociar un salario mínimo de convenio con Confebask ha llevado ahora a ELA y LAB a las puertas del Parlamento vasco. Allí han presentado una iniciativa legislativa popular (ILP) que quiere forzar a los grupos políticos a posicionarse y reclamar en el Congreso de los diputados la competencia para que estos sueldos base se decidan en el territorio.

La semana pasada la iniciativa llegó a la Cámara vasca con el respaldo de las 138.495 firmas que estos sindicatos han reunido durante los últimos cuatro meses. Aunque disponían de tres más para añadir apoyos, han querido acelerar el proceso para que las formaciones políticas tramiten las gestiones «cuanto antes». Con este objetivo se han comprometido a renovar en otoño las movilizaciones que respalden la medida.

La meta es adecuar los salarios al coste de vida en Euskadi. ELA y LAB reclaman un salario mínimo de al menos 1.500 euros en Euskadi, frente al de 1.184 actual. Una cifra muy superior al tramo de entre 1.268 y 1.385 que fijaba como base para una negociación el estudio presentado el pasado mes por el Gobierno vasco. Y es que éste no es ajeno al debate. El jueves el lehendakari, Imanol Pradales, reconoció que «en Euskadi hay condiciones para que se aplique un salario mínimo de convenio, pero desde el acuerdo de los agentes sociales», matizó. Según detalló, la consejería de Economía, Trabajo y Empleo lo lleva en su agenda «porque es un tema relevante».

Y el SMI propio no será el único campo de batalla. También se aproxima la negociación de grandes convenios como el de Tubacex, que finaliza el 31 de diciembre, o los del metal en Álava y Bizkaia, que se vaticina larga y con fuertes movilizaciones.

Además está la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales que también quedó aparcada antes del verano, en este caso a manos de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ante la falta de complicidad con los diputados de Junts. Sin embargo, el punto sigue marcado en el calendario y su impacto en Euskadi alcanzaría a más de la mitad de los trabajadores vascos en el sector privado. Así lo puso de relieve el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en julio, que cifró este sector afectado en más de 350.000 personas contando tanto a aquellas que recogen horarios mayores en sus convenios vigentes, con las que no tienen su actividad regulada como le ocurre las trabajadoras domésticas y a quienes tienen sus acuerdos ya decaídos.

Del otro lado quedan las empresas. En julio Confebask reiteró su negativa a abrir una negociación sobre el SMI vasco, más aún si no es en el marco del diálogo social y si no se recogen problemáticas que afectan a la competitividad, como ocurre con el absentismo. Es una problemática en la que Euskadi sigue a la cabeza de toda España y que va en aumento. Según un estudio elaborado por Randstad, con datos del INE, en el primer trimestre la tasa de trabajadores que faltaron a su puesto de trabajo escaló hasta el 9,1%, tres décimas más que hace un año