Los juzgados vascos reciben en dos meses 1.600 demandas por cláusulas bancarias

Bizkaia es, con diferencia, la que mayor volumen de demandas recaba por las cláusulas bancarias abusivas. A finales de julio, el número ascendía a 1.030, a razón de un incremento de medio millar por mes. Los casos que gestiona el Juzgado de Primera Instancia 11 de Bilbao representan así el 64% del total de reclamaciones que se realizan en el País Vasco. «Un juzgado tramita por lo general entre 1.500 y 2.000 casos al año. Por lo tanto, la proyección que hacemos de unos 6.000 litigios por ejercicio supone que se multiplica por cuatro la carga de trabajo o, lo que es lo mismo, equivale al trabajo de tres juzgados», explica Uriarte.

El goteo de reclamaciones tampoco se detiene en Gipuzkoa y Álava. En junio y julio, el Juzgado de Primera Instancia 8 de San Sebastián y el 5 de Vitoria acumularon 330 y 232 casos, respectivamente. Y tal y como augura el juez decano, la tendencia es que «vayan en aumento después del verano» y que las cifras se disparen de manera ostensible tras el parón de agosto. En septiembre, además, «llegarán las primeras contestaciones de los bancos», ya que una vez interpuesta la demanda, ésta se traslada a la entidad financiera para que decida «si oponerse o allanarse y buscar un acuerdo».

La opción más previsible, en opinión de Uriarte, es que los bancos se decanten por «alargar el proceso y no quieran asumir su responsabilidad». «Dirán seguramente que el cliente sabía lo que contrataba», sostiene. Esta postura cargaría de más de trabajo a los jueces en formación que se encargan de dar respuesta a las reclamaciones de los consumidores, y alargaría los trámites ya que obligaría a ir a juicio en cada caso. «Tenemos para varios meses de trabajo porque las sentencias hay que pensarlas, incorporar datos, valorar las pruebas, celebrar vistas y dictar autos», explica.

Los tres juzgados vascos especializados en el conflicto de las cláusulas bancarias forman parte de los 54 que ya operan en todo el país -uno por cada provincia- desde el pasado 1 de junio por iniciativa de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. El organismo tomó la decisión consciente del alto número de implicados. No en vano, «los seis millones de préstamos hipotecarios vivos en España» están afectados por el cobro a particulares de todos los gastos derivados de la adquisición de una vivienda, y de ellos «1,5 millones tienen cláusulas suelo», precisa Uriarte. En Euskadi, se estima que sólo por esta última cuestión pueda haber más de 100.000 personas perjudicadas.

De la gestión de las miles de demandas que se esperan en el País Vasco se hacen cargo en Bilbao tres jueces «en prácticas», y otros dos hacen lo propio en Vitoria y San Sebastián. Qué pasará cuando en diciembre terminen sus prácticas y «tengan derecho a irse», es la gran incógnita. «Mi gran preocupación es si el Ministerio de Justicia habilitará fondos a inicios de 2018 para seguir teniendo jueces, pero sigue sin dar respuesta», señala Uriarte, al matizar que el compromiso al que se habría llegado por el momento es enviar «un letrado» en septiembre.

La situación, si ya causa quebraderos de cabeza en Euskadi, es mucho peor en provincias como Madrid. «Sólo se ha hecho un juzgado con dos jueces en formación y tiene una población de 6 millones de personas. A finales de julio ya tenían 9.000 demandas», lamenta Uriarte. Por ese motivo, explica, son varias las asociaciones judiciales que se han quejado y exigen una solución ante el inmanejable volumen de casos. En el País Vasco, a diferencia, destaca que se ha contado «desde el primer momento» con el «apoyo del Gobierno vasco», que ha puesto «dinero y funcionarios» para evitar el colapso en los juzgados.