La justicia europea amplía a 2026 el plazo para reclamar por el cártel de coches

La sentencia de este jueves parte de un caso que presentó un particular en 2023 en el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Zaragoza contra Nissan, una consulta que más tarde fue elevada al TJUE. En la misma, la persona afectada presentó una demanda de indemnización de daños y prejuicios contra el fabricante nipón en la que pedía que se condenara a la empresa a repararle el perjuicio que alegaba haber sufrido tras comprar un vehículo cuyo precio se vio alterado al alza por la participación de la compañía en el cártel.

El caso es que Nissan se defendió alegando que el plazo de prescripción habría comenzado en 2015 a partir de las multas de la CNMC, cuando la persona perjudicada tiene conocimiento de la infracción. Según la firma, la persona que presentó la demanda «no puede pretender no haber tenido conocimiento de la información indispensable para ejercitar su demanda de indemnización» desde ese momento.

Sin embargo, en la sentencia, el tribunal europeo considera que, si bien corresponde al juez nacional pronunciarse al respecto, la acción por daños del presente litigio no parece haber prescrito, porque el plazo de prescripción empieza a correr una vez que las resoluciones sean firmes y la persona afectada tenga conocimiento de toda la información necesaria para ejercitar la acción por daños, que en el caso del 'cártel de coches' comenzó en 2021 con la sentencia del Supremo.

Por lo tanto, este nuevo fallo aporta un poco de luz sobre el asunto y facilita las reclamaciones de los perjudicados. El plazo se extiende cinco años, hasta 2026 como norma general, aunque la fecha límite exacta varía ligeramente en el caso concreto de cada marca implicada en el cártel. Entre ellas se encuentran, además de Nissan, Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, Renault, Dacia, Volvo, Ford, Chrysler, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Hyundai, Mazda, BMV, Kia y Mitshubishi.

El 23 de julio de 2015, la CNMC concluyó que todas estas empresas fabricantes y distribuidoras de marcas en España habían llevado a cabo prácticas «colusorias» durante siete años, que habían supuesto un «incremento artificial y fraudulento de los precios de venta al público» de los vehículos. En concreto, compartieron información comercial sensible como los resultados de las marcas, la remuneración y los márgenes comerciales a las redes de concesionarios y además homogeneizaron las condiciones y planes futuros de venta y posventa de los coches en España. Finalmente, el regulador impuso a estas empresas multas por un total de 171 millones de euros.

Según los cálculos existentes, se estima que podrían haber hasta ocho millones de afectados en el conjunto de España por haber comprado un coche por encima del valor al que tendría que haber sido adquirido. Una cuestión por la que más de un millar de vascos ya ha reclamado en los juzgados de la comunidad. Según la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE), alrededor del 90% de los casos que llegan a los tribunales se resuelven a favor del demandante. En un centenar de casos se les ha devuelto el pago del 5% del valor del vehículo, entre los 2.000 y 3.000 euros. Ahora, tras la sentencia del TJUE, las reclamaciones podrían aumentar significativamente.