El impulso a las EPSV de empleo en Euskadi deberá esperar al menos hasta 2020

Pero eso, sólo en el mejor de los supuestos. Una medida de este tipo necesita una reforma de las normativas forales del Impuesto de Sociedades, también de las del IRPF y, depende hasta dónde se quiera llegar, quizá también una modificación de la ley que regula las EPSV y que sería una tarea del Parlamento de Vitoria.

El primero en lanzar la idea fue el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, a finales del mes de julio. A la vuelta del verano, el Gobierno vasco -que llevaba tiempo trabajando sobre esta idea- decidió asumir el liderazgo. El pasado septiembre, el diputado general de Álava, Ramiro González, aportó una novedad trascendental al señalar que una generalización de las EPSV de empleo -aquellas en las que las aportaciones se realizan a medias entre empresas y trabajadores- exige un aumento de los incentivos fiscales. Para completar el círculo, el consejero de Hacienda ha llegado a admitir su respaldo a esa mejora tributaria, pero siempre que se prime el rescate de los planes de pensiones con la fórmula de cuotas -una cantidad fija cada mes, tras la jubilación del trabajador- y no su capitalización y retirada de una sola vez. Hasta aquí hemos llegado en la vertiente institucional. Seis meses después de la 'primera piedra', no hay un triste borrador de medidas concretas que llevarse a los ojos.

Una parte de esa aparente parálisis en la que ha entrado este asunto hay que adjudicársela al escaso éxito que ha tenido en los dos principales actores implicados. De un lado, los empresarios lo han entendido como una apelación del Gobierno vasco a que asuman un aumento extraordinario de los costes laborales, con una aportación anual a una EPSV equivalente al 3% del salario. «Las empresas no podemos asumir ese coste», ha respondido la patronal vasca Confebask por boca de su presidente, Roberto Larrañaga. Ni siquiera la aparente 'zanahoria' de obtener un beneficio fiscal les convence. «¿Quién nos dice que ese incentivo permanecerá en el tiempo y no se retirará unos años más tarde, cuando los compromisos de aportación ya sean firmes en los convenios colectivos?», apuntan desde las organizaciones empresariales. Tampoco los sindicatos se han sentido seducidos con la idea de que los trabajadores aporten otro 3% de su salario a un fondo que sólo podrán recuperar tras la jubilación. La prioridad en estos momentos -ahí han coincidido todas las centrales- es recuperar al menos una parte del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. Esto es, dinero contante y sonante en el presente, no ahorro para el futuro.

No ha suscitado muchos entusiasmos, pero el panorama institucional y político tampoco parece propicio. El Gobierno vasco y el Ejecutivo foral alavés están en minoría -ambos han tenido que renunciar a tener un Presupuesto nuevo en 2019-; de ahí que plantearse en estos momentos recabar apoyos para una medida de este tipo se antoja complicado. Más aún cuando la iniciativa genera rechazo en los empresarios y apatía en los sindicatos. Pero, además, las diputaciones han entrado ya en ese escenario estratégico previo a las elecciones que aconseja la crionización de las iniciativas. Algo así como «mejor no hacer nada antes que moverse y cometer un error».

Por si fuera poco, la práctica habitual aconseja que cualquier modificación de la normativa tributaria se apruebe con un tiempo de antelación al inicio de cada ejercicio fiscal, con el objetivo de que empresas y contribuyentes tengan claro, desde el 1 de enero de cada año, las reglas de juego a las que se enfrentan. Legislar en materia tributaria con carácter retroactivo siempre ha estado mal visto. Y lo cierto es que tras los primeros escarceos, ni el Gobierno vasco ni las diputaciones han hecho el más mínimo esfuerzo para aprobar los proyectos normativos antes de que finalizase 2018. Y tampoco nadie garantiza que se vaya a hacer a lo largo de 2019. Es una incógnita.