Los taxistas seguirán en huelga tras estimar «insuficientes» los avances desde el Gobierno

Los taxistas se concentran en el madrileño Paseo de la Castellana. / EP I Atlas

Fomento aplaza hasta mediados de septiembre transferir competencias para imponer nuevos requisitos a los VTC y buscará apoyos políticos

José Antonio Bravo
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La huelga de los taxistas que se extiende cada día por más provincias -Barcelona empezó el miércoles y ya son decenas con paros indefinidos o parciales, mientras la patronal de VTC les acusa de «chantaje» y destrozos en vehículos- puede enquistarse, salvo que las comunidades autónomas asuman el miércoles un compromiso que el Gobierno aplaza por ahora. El Ministerio de Fomento, que las verá en la Conferencia Nacional de Transportes, anunció este lunes que hasta mediados de septiembre no aprobará un paquete de «modificaciones normativas».

Así se lo trasladó el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, a los representantes de Fedetaxi, Antaxi y Élite Taxi, las principales asociaciones del sector, tras más de cuatro horas y media de reunión. Ninguna salió satisfecha del encuentro, pese a reconocer «buena voluntad y disposición del Gobierno», e incluso «avances».

El problema, coincidieron, es que son «insuficientes» y les falta concreción, sin olvidar las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante cualquier solución legislativa por su posible falta de apoyos parlamentarios. Por eso, «hasta que no exista una declaración de intenciones clara por parte del Ministerio, no nos moveremos», rezaba el mensaje enviado a última hora vía twitter desde Elite Taxi a sus simpatizantes.

En parecidos términos se fueron pronunciando desde otras asociaciones y en distintas provincias a lo largo de la tarde, a la espera de que ese rechazo fuera refrendado en asambleas que se celebraron ya casi de noche. «Estamos claros y firmes en nuestra postura. ¡Ni un paso atrás!», fue su respuesta en general.

Para los taxistas, la «declaración política» que el Consejo de Ministros prevé hacer este viernes -según publicó en una nota el secretario de Estado-, donde se recogerá la «hoja de ruta» para «fijar un marco ordenado y estable» entre los taxis y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que «reequilibre la actividad de ambos», «no cubre las expectativas deseadas». Valoran que se reconozca que «la ratio recogida en la legislación actual (un permiso de VTC por cada 30 licencias de taxista) no se cumple», pero critican que solo haya «compromisos sin contenido».

Desde Fomento únicamente han concretado su intención, anunciada por el ministro José Luis Ábalos el 12 de julio, de transferir a las comunidades autónomas las competencias sobre los VTC, facultad que ya tienen aunque solo por delegación del Gobierno central. «En este marco -explicó Saura- se puede hablar de la licencia urbana» -los taxistas quieren que, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, otros consistorios e incluso las administraciones territoriales exijan un segundo permiso municipal a esos vehículos de alquiler para poder operar, lo que permitiría «reequilibrar el mercado»- y de que las autoridades municipales «puedan participar en la regulación del sector».

Un «problema estructural»

De la «solución definitiva» para el taxi que «garantice la seguridad jurídica», como la definió el departamento, no avanzó más. Solo que «se planteará a mediados de septiembre, y se podría aprobar en el Consejo de Ministros del día 14. Mientras, trabajará con los grupos parlamentarios para «tratar de avanzar en acuerdos» porque, según Saura, «resolverlo en unos días sería un parche».

En este sentido acusó al Ejecutivo anterior de dejarles «un problema estructural» y no saber «abordar adecuadamente el desequilibrio en contra del taxi». Desde el PP su nuevo presidente, Pablo Casado, acusó al PSOE de «romper el consenso que ya existía». Por eso pedirá la comparecencia urgente del ministro Ábalos en el Congreso ante su «pasividad intolerable», solicitud que ya ha hecho Ciudadanos y que estudia apoyar Podemos, que responsabilizó a Competencia (CNMC) del conflicto actual. UGT y CC OO, por su parte, reclamaron una regulación «urgente» que acabe con la «competencia desleal» desde Uber y Cabify.

Las comunidades, a su vez, piden al Gobierno que no haga más transferencias «sin solucionar antes el conflicto», dijo la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltrá. Para el presidente de Madrid, Ángel Garrido, «tira balones fuera».

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