Los gobiernos central y vasco encauzan la financiación de Talgo y dan vía libre a Jainaga

Según explicó Pradales se ha alcanzado una «noticia muy esperada: ambos gobiernos hemos encauzado definitivamente la participación de la Sepi para hacer viable la operación y mantener la actividad y el empleo de Talgo en Euskadi».

La operación salvó así el momento más crítico desde que ambos gobiernos se pusieran a trabajar en el aterrizaje del industrial vasco, José Antonio Jainaga, en la compañía, que trasladará de nuevo su sede a Euskadi. El PNV evidenció la semana pasada la crisis al enviar un comunicado acusando al Ejecutivo central de «obstaculizar» el proceso. Una denuncia en la que, además, el grupo jeltzale en el Congreso de los Diputados responsabilizó a Moncloa de las consecuencias si la solución para el fabricante de trenes terminaba en fracaso.

El caso es que los intensos contactos que se pusieron en marcha la semana pasada terminaron por dar por bueno lo que la Sepi rechazó hace tan solo siete días. Así, ya hay fórmula «definitiva» para que el consorcio vasco -formado por el Gobierno de Pradales, Jainaga y las fundaciones BBK y Vital- participe con la Sepi en la concesión de un crédito convertible de 150 millones a Talgo. Una herramienta financiera cuyos intereses de devolución se ajustan a los beneficios que vaya cosechando la empresa, además de, en caso de impagos, poder convertirse en acciones de la compañía.

El préstamo es clave para refinanciar la deuda de más de 400 millones de euros del fabricante, agravada por la multa de Renfe de otros 116 millones por los retrasos en las entregas de los trenes Avril. Era, además, una exigencia de los principales bancos que participan en el 'pool', BBVA, Caixabank y Santander principalmente.

Tal y como estaba diseñada la financiación hasta el acuerdo cerrado ayer, una parte de ese préstamo, 75 millones, la asumirá el propio holding público dependiente del Ministerio de Hacienda y otros tantos serán aportados por el Gobierno vasco en un paquete que ha diseñado con fondos público-privados en colaboración con el consorcio que se hará con el control de Talgo y que lidera el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga.

La solución fue rechazada en primera instancia por la Sepi al entender que la elevada participación de dinero público en la parte vasca dejaba la operación muy expuesta a una denuncia por ayuda de Estado. Este elemento, junto al diferencial en los tipos de interés -la parte vasca del préstamo se fijaba en un 7%, por el 5% de la Sepi- eran señalados por la Abogacía del Estado como puntos débiles en el contexto de las reclamaciones que otros fabricantes, como CAF o Alstom, están haciendo al Estado por sus contratos con el operador público, Renfe.

La operación contempla también, según confirman fuentes conocedoras de las negociaciones a EL CORREO, la posible entrada del Estado en el accionariado de Talgo en un escenario futuro y siempre manteniendo el control de la compañía en manos de Jainaga.

Mientras tanto, los siguientes pasos son la tramitación el crédito en los órganos de gobierno de la propia Sepi y en los del fabricante de trenes. Un proceso que requiere de la autorización de la junta de accionistas de Talgo y todavía un desarrollo administrativo que llevará más de un mes.

Así las cosas, la entrada del industrial vasco José Antonio Jainaga no se materializará hasta octubre. Y es que el presidente de Sidenor había planteado que estuviera resuelta la financiación de Talgo como condición previa antes de hacerse con sus acciones. El empresario, junto a Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, firmaron para ello un preacuerdo con el accionista principal del fabricante, el fondo de inversión Trilantic. Fue el 14 de febrero y el consorcio vasco se comprometió a abonar 156 millones al titular del 29,7% de las acciones de Talgo ampliables hasta 183 en función del devenir del negocio.

La compañía, mientras tanto, pasa por apuros ahogada por la deuda y una cartera de pedidos. Tras los retrasos en las entregas a Renfe, ahora debería afrontar la primera remesa de 23 trenes del macro pedido con Deutsche Bahn -79 unidades por 1.400 millones-. Después de varios retrasos, la compañía quiere evitar más sanciones y mantiene negociaciones para renunciar a parte de ese encargo.

La entrada del consorcio vasco activará un plan industrial para hacer crecer la compañía, que cuenta con 2.500 trabajadores, de los que 700 están en la localidad alavesa de Rivabellosa. Además, la sede se trasladará de nuevo a Euskadi, donde tiene cerca de 400 proveedores y genera 5.000 empleos indirectos.