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La beligerancia de toda Cataluña -partidos, instituciones, empresarios y sindicatos- contra la opa de BBVA sobre el Sabadell contrasta con el silencio que impera en ... Euskadi, sede del banco vasco. La diferencia es todavía mayor ahora, cuando la operación ha pasado a un plano más político, al quedar en manos del Gobierno central tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En este contexto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha lanzado una inédita «consulta pública» antes de tomar una decisión y sobre ello fue cuestionado ayer el Gobierno vasco. La respuesta de la portavoz y consejera Maria Ubarretxena fue todo menos clara. No solo eludió fijar su posición sobre la opa sino que volvió a exigir a la entidad presidida por Carlos Torres que refuerce su presencia en el País Vasco.
«Euskadi quiere y necesita que BBVA aumente su impacto en la economía vasca», dijo al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La respuesta es muy similar a la que dio el lehendakari, Imanol Pradales, en una reciente entrevista con EL CORREO en uno de sus pocos pronunciamientos sobre el tema. «Haya o no opa, lo que me preocupa es que el banco tenga una mayor presencia en Euskadi en muchos niveles».
En relación a la consulta pública planteada por Sánchez para recabar la opinión de ciudadanos, asociaciones y organizaciones, Ubarretxena señaló que «no es un procedimiento habitual», aunque no llegó a criticarlo. Lo que sí dijo es que todo el proceso de autorización de la opa «pone de manifiesto la falta de desarrollo en competencias que el Estatuto de Gernika prevé en materia de banca, seguros y crédito».
Y es que, después de que Competencia diera luz verde a la opa el pasado miércoles, el expediente queda en manos del Gobierno central, que puede endurecer las condiciones e incluso vetar la fusión (no así la opa). El Ministerio de Economía tiene 15 días para elevar su decisión al Consejo de Ministros, que dispondrá de otros 30 para llegar a una resolución. En este contexto Pedro Sánchez ha lanzado su consulta pública en la que se abre a recabar la opinión sobre la opa de cualquier interesado, con lo que da un cauce a todo el malestar contra la operación.
«La pregunta que nos hacemos es, teniendo BBVA la sede social en Euskadi, ¿no tienen las instituciones vascas nada que decir?», criticó Ubarretxena. «Nosotros entendemos que deberíamos tener una manera de influir o decidir también en este proceso», añadió. También apuntó que «seguirán de cerca el proceso» y que esperan que el resultado final «no sea negativo para los intereses de Euskadi», en el sentido de que no limite su capacidad financiera en un momento de grandes necesidades debido al proceso de reindustrialización.
Dentro del proceso de análisis de la opa, la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) sí ha emitido un informe, aunque no es vinculante porque la operación excede el ámbito autonómico. El organismo presidido por Ainara Herce concluyó que la fusión de BBVA y Sabadell no plantea problemas en Euskadi porque las cuotas que alcanzaría la nueva entidad no excederían el umbral del 40% considerado de riesgo.
Pero una vez superado el examen de Competencia, la operación ha pasado al campo político y el Gobierno puede esgrimir argumentos de «interés general» para obstaculizarla. Cataluña se está empleando a fondo para que así sea. Los partidos independentistas y los agentes sociales presionan para que Sánchez evite la desaparición del Sabadell. En Euskadi, por contra, ni el Gobierno vasco, ni el PNV ni Confebask se han pronunciado de forma rotunda sobre el tema.
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