El Gobierno vasco aprieta al central para cerrar ya el préstamo de la Sepi a Talgo

Así, el Ministerio de Transportes se ha unido al consorcio vasco -formado por Gobierno autonómico, el industrial José Antonio Jainaga y las fundaciones BBK y Vital- para presionar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en la formulación del crédito que necesita Talgo. Se insiste en que se trabaje la vía de la última propuesta que divide en dos partes -una para Lakua, otra para Madrid- el préstamo convertible de 150 millones que reclama el 'pool' bancario, liderado por BBVA y Caixabank, para sostener financieramente la deuda de la empresa, que supera los 400 millones de euros y que se ve agravada por la multa de Renfe de 116 millones por los retrasos en los trenes Avril.

La presión se acumula en el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que rechazó el pasado martes la financiación de 75 millones público-privados que diseñó el Gobierno vasco con el consorcio para sumar a los otros 75 millones de la Sepi. Tras los trabajos de estos dos últimos días, el optimismo en las partes es creciente hasta el punto de que avanzan que puede ser cuestión de horas lo que quede para el acuerdo. Lehendakaritza ya explicó esta semana que antes del próximo martes, cuando se reúnen el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, en la comisión bilateral de transferencias, debe estar resuelto este punto o, al menos, existir un gesto claro de avance. La presidencia vasca quiere separar esta cuestión del contenido previsto en esa cita del 15 de julio, que concretará, entre otras cosas, el traspaso del primer paquete de una competencia histórica para el Gobierno autonómico: la gestión económica de la Seguridad Social.

En Moncloa también son partidarios de llegar al martes con este tema resuelto. Se trata de evitar la imagen de cesión ante el Gobierno vasco en una semana que ha supuesto una prueba crítica para la relación de Pedro Sánchez con sus socios de investidura tras el pleno del miércoles sobre los casos de corrupción.

Ambas partes insisten en la voluntad política de alcanzar un acuerdo, pero explican la complejidad técnica de tramitar un préstamo convertible desde la Sepi. El organismo estatal rechazó la propuesta vasca por considerar que contaba con una cantidad excesiva de dinero público. Este punto, junto a los tipos de interés -el banco público planteó un 5% frente al 7% del consorcio vasco-, eran criterios que la Abogacía del Estado entendió que dejaban el préstamo muy expuesto a una denuncia de Ayuda de Estado por parte de otros competidores de Talgo.

La vía para avanzar está, por lo tanto, cerca; pero el viaje para la toma de control de Talgo por parte del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, es todavía largo. El final no será antes de finales de septiembre o en octubre. Y es que el crédito por parte de la Sepi requiere la aprobación de su consejo de administración e, incluso, un posible paso por el Consejo de Ministros. Además, para suscribirlo, Talgo requiere de una autorización expresa de su junta de accionistas. Y hay que recordar que el consorcio vasco liderado por Jainaga no culminará la compra del 29,7% de las acciones de Talgo que tiene todavía su principal propietario, el fondo Trilantic, hasta que no se cierre el esquema financiero de la empresa.

El préstamo convertible es una figura compleja cuyos intereses de devolución se ajustan a los beneficios de la empresa, además de contar con la garantía de poder convertirse en acciones de la compañía.