El Gobierno aprueba con Bildu convertir la tasa a las energéticas en un impuesto para presionar al PNV

Esto es, precisamente, lo que EH Bildu ha anunciado que ha pactado con el Gobierno central a través de una disposición adicional del texto legal avalado por el Consejo de Ministros. En concreto, en la disposición adicional segunda. Dice así: «El Gobierno revisará la configuración del gravamen temporal energético para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará o conveniará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra».

Todo es puro tacticismo político entre las dos grandes formaciones soberanistas vascas en su durísima pelea madrileña. Los de Arnaldo Otegi son muy conscientes de que es muy posible que este gravamen nunca vea la luz por el portazo de Junts, formación que carece de complejos a la hora de defender al empresariado catalán. Lo que buscan, sobre todo, es retratar al PNV recordando que el CEO de Repsol se llama Josu Jon Imaz y fue presidente del Euzkadi buru batzar. Un Imaz que en un contundente artículo publicado en EL CORREO hace unas semanas advirtió de que congelaría todas las inversiones previstas en España si el gravamen veía la luz.

Un movimiento de enorme calado que en Cataluña provocó el respaldo absoluto de la patronal y el partido de Carles Puigdemont, mientras que en Euskadi, el PNV apostó por mantener una postura mucho más cauta aunque siempre en contra de prorrogar el gravamen tal y como estaba concebido advirtiendo, eso sí, del gran peso que la industria tiene en el País Vasco y su impacto en materia de empleo. Su única línea roja, enfatizada por todos sus líderes, incluido el lehendakari Pradales, es que de existir, debe concertarse con las haciendas vascas.

Según destacó este lunes EH Bildu esto es exactamente lo que se ha logrado. «Este acuerdo garantiza que sean las haciendas forales quienes recauden y gestionen los ingresos derivados de esta medida, fortaleciendo así el autogobierno fiscal vasco», celebraron.

Con el compromiso de convertir la tasa en un impuesto, la formación considera que «no existe ninguna razón válida» para que el PNV se oponga a la medida, por lo que ha instado a los nacionalistas a «abandonar las excusas y a apoyar la convalidación del decreto». «No convalidarlo supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales», advirtió EH Bildu –el plazo legal establecido para su convalidación es de un mes–.

La idea inicial del Ministerio de Hacienda era prorrogar el gravamen extraordinario que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año, compromiso que en su día adquirió con Podemos, ERC, Bildu y el BNG. Pero esta figura quedó derogada el pasado sábado con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición 'ad hoc' que prosperó el día 19 gracias a los apoyos, entre otros, de PP, PNV y Junts. Es decir, si algo no existe no puede prorrogarse, de ahí que el Gobierno haya tenido que maniobrar y aprobar un nuevo gravamen.

Lo hizo este lunes y además del compromiso de convertirlo en un impuesto tradicional al uso para concertarlo con Euskadi, también incluye bonificaciones cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, en lo que se entiende como un guiño a Junts. Sin entrar en detalle, el Ministerio de Hacienda explica que esas inversiones serán consideradas en función de su magnitud para contribuir al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Pueden ir desde el hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.