El Gobierno refuerza el papel de supervisión de la CNMC y de gestión de Red Eléctrica en su decreto antiapagón

Esta medida, incluida en el real decreto que aprobó este martes el Consejo de Ministros, incrementa las capacidades de inspección del órgano supervisor durante plazos más cortos de tiempo e inspecciones a los operadores obligados a controlar la tensión de la red. En concreto, encomienda a la CNMC evaluar en seis meses las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio y deberá emitir después un informe que «renovará cada tres meses».

En cuanto a Red Eléctrica, le encarga investigar la posibilidad de regular aspectos que también podrían haber fallado el día del cero energético como fue el caso de los niveles de tensión. El Ministerio para la Transición Ecológica pide al gestor que elabore «propuestas de modificaciones normativas» sobre «las respuestas a las oscilaciones de potencia, la velocidad de las variaciones de tensión o sobre la programación de restricciones técnicas». Estas propuestas deberán estar listas en plazos de tres a 15 meses. Y las reformas normativas que se deriven de ellas deberán ser aprobadas en menos de seis meses.

Por otro lado, Red Eléctrica incorpora a sus funciones la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales -respetando la confidencialidad de los mismos- y que hasta ahora procede de 30 millones de contadores repartida por más de 300 distribuidoras. Fuentes del Ministerio señalan que esta medida beneficiará a los clientes, que tendrán acceso a sus datos a través de una única plataforma.

Más allá de estas novedades, el Ejecutivo concederá subvenciones a la red de transportes para proyectos estratégicos por valor de 931 millones de euros procedentes de los fondos europeos para proyectos estratégicos y redobla su apuesta por las renovables.

El real decreto propone la reforma legal urgente para evitar la cancelación de decenas de plantas solares y eólicas ya construidas o en construcción, cuyo plazo expiraba hoy. Con esta medida que se aplica a los proyectos anteriores al año 2018, el departamento que dirige Sara Aagesen dará más tiempo para que los proyectos de renovables ya en construcción y que no dependen del promotor lleguen a buen término, ampliando el plazo para que no pierdan sus garantías y se queden sin conectarse finalmente a la red. Eso sí, siempre y cuando el Congreso convalide el real decreto. Una trámite parlamentario que en la actual legislatura no está garantizado.

En plan antiapagón también prevé declarar proyectos de almacenamiento como de utilidad pública. El Ejecutivo ya lanzó en mayo ayudas por valor de 700 millones para subvencionar proyectos de almacenamiento. Ahora introduce medidas para agilizar la tramitación de estos proyectos y reducir los cuellos de botella primando la «hibridación» -que el almacenamiento se instale donde ya hay parques renovables-.

Fuera del real decreto se ha quedado la creación de la Comisión Nacional de la Energía, cuya puesta en marcha era una prioridades del Gobierno.