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La Sindicatura de Cuentas ha detectado pagos «indebidos» de prestaciones sociales por parte de la Generalitat catalana por favor de 167 millones, entre 2016 y ... 2024. En un informe dado a conocer este miércoles, el órgano fiscalizador externo de las cuentas y de la gestión económica del sector público de Cataluña, denuncia la «falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones» por parte del Departamento de Derechos Sociales del Govern catalán. El informe hace referencia al periodo entre 2016 y 2024, es decir, afecta a los gobiernos de Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. El PSC gobierna desde el año pasado.
El documento advierte de hechos que podrían ser «perseguibles administrativa y judicialmente». Y concluye de «riesgo de conflicto de interés en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas» a un conjunto de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, para cuya actividad «no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia, lo que puede comprometer la consecución del interés general en la implementación de la política pública».
Las conclusiones del informe ponen de relieve «debilidades importantes que afectan negativamente a la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión del conjunto de prestaciones». Solo en 2022, el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat gestionó un volumen de gastos de 3.000 millones, de los que casi mil fueron destinados a «prestaciones económicas», ayudas sociales a las personas más desfavorecidas. Las prestaciones con un volumen de gasto más elevado son las que tienen que ver con la ley de dependencia y la renta garantizada de ciudadanía. Entre las dos, suman el 83% de las ayudas sociales aportadas por el Govern.
El informe denuncia «la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un elevado volumen de pagos indebidos». En el caso de las incompatibilidades, por ejemplo, se han detectado personas que cobran al mismo tiempo un sueldo, como empleados, mientras reciben una prestación como menores extutelados por la Generalitat, cuando ya son mayores de edad. Entre 2019 y 2022, la Sindicatura de Cuentas ha detectado pagos indebidos por valor de 4,7 millones por parte del organismo del Govern encargado de la atención a los menores en situación de vulnerabilidad, la DGAIA, que la actual Generalitat está tratando de reformar de arriba abajo, empezando por el nombre.
La gestión del Departamento de Derechos Sociales está en el foco, después de que trascendiera el caso de la niña de 12 años violada y víctima de una red de pederastia mientras vivía en un centro bajo el paraguas de la Generalitat.
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