El Gobierno vuelve a la carga con la subida fiscal al diésel, que afecta a más de 628.000 vascos

El plan del ministerio liderado por María Jesús Montero consiste en incrementar el impuesto especial del diésel en nueve céntimos el litro, lo que sumado al IVA supone elevar el precio final en 11,3 céntimos. Teniendo en cuenta que ahora ronda los 1,47 euros el litro en los surtidores vascos, el coste pasaría a más de 1,58. Este aumento entraría en vigor en abril y no afectaría al gasóleo profesional, es decir, a los transportistas con vehículos de más de 7,5 toneladas y a los taxistas.

El impacto sería considerable para los usuarios porque, a pesar de que las ventas de coches diésel se han desplomado en los últimos años, aún son mayoría en el parque automovilístico vasco. Así, el 54% de los turismos que circulan en Euskadi se mueven con gasóleo -550.530- mientras que el porcentaje se dispara al 84% en el caso de las furgonetas, que suman 77.580. «Los titulares de estos vehículos, en un 80% transportistas autónomos, van a ser los más perjudicados por esta medida y por eso solicitamos para ellos un gasóleo profesional», señala la federación de transportistas Fenadismer. «Una gran cantidad de conductores, entre ellos muchos autónomos, van a tener que replantearse su movilidad ya que mantener un vehículo diésel, en su mayoría con más de diez años de antigüedad, podría dejar de ser rentable», señala la patronal de concesionarios Faconauto.

Es ya la cuarta vez que el Gobierno intenta subir los impuestos al diésel, aunque en esta ocasión la urgencia es mayor. Con la medida lograría recaudar 1.500 millones de euros adicionales, necesarios para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea en materia de consolidación fiscal. Por otro lado, Bruselas apremia para elevar la tributación verde.

Pero la situación política es endiablada ante las diferentes posiciones de los partidos que sostienen a Pedro Sánchez. La subida del diésel, que se cayó finalmente del paquete fiscal aprobado en noviembre, se mezcla ahora con la polémica en torno a otra medida que también quedó pendiente entonces, la prórroga al impuesto a las grandes energéticas. Podemos pactó con el PSOE que se llevaría a cabo, pese a la oposición de Junts y el PNV, a cambio de apoyar la reforma fiscal -impuesto a la banca y demás- y ahora condiciona su apoyo al alza del gasóleo a que se cumpla esa promesa.

«Los diputados de Podemos no apoyarán el decreto ley del impuesto al diésel que el Ministerio de Hacienda pretende traer al Congreso si este gravamen se desliga del impuesto a las grandes energéticas que el PSOE se comprometió a aprobar», avisaron fuentes oficiales del partido morado. Consideran injusto «cargar los costes de la transición ecológica en la gente y dejar escapar a las grandes compañías».

Y el impuesto sobre las energéticas está atascado. Junts y PNV se han negado a atender la convocatoria del Gobierno para negociar su reformulación y configurar un nuevo tributo aceptable para todos. Las objeciones de los posconvergentes vienen de que amenaza las inversiones para la descarbonización de empresas como Repsol, mientras los jeltzales exigen que pase a ser un impuesto para poder concertarlo. Apenas quedan unos días para el cierre del año y todo está en el aire.