Los exmutualistas le pueden costar a las haciendas forales algo más de 500 millones
La última estimación apunta a que hay 324.000 pensionistas en Euskadi con derecho a una reducción en su Impuesto de la Renta
Las tres haciendas forales han hecho una última evaluación del coste que va a tener para sus arcas una sentencia del Tribunal Supremo que permite ... a un buen número de pensionistas reducir su carga tributaria en el Impuesto sobre la Renta. En torno a 324.000 contribuyentes vascos, según las últimas estimaciones, tienen derecho a considerar libre de impuestos una parte de la pensión que reciben de la Seguridad Social porque cuando estaban en activo realizaron aportaciones a mutualidades que quedaron extinguidas en 1979. En la declaración de la Renta de 2023, cuyo periodo de liquidación acaba de comenzar, el impacto será de unos 115,5 millones de euros de menor recaudación para las haciendas vascas. Si a ello se suma que los afectados tienen derecho a reclamar los impuestos que pagaron en exceso en los cuatro años aún no prescritos -de 2019 a 2022- el coste total va a superar con creces los 500 millones de euros.
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115,5 millones de euros
será lo que dejen de ingresar las diputaciones forales en la actual campaña de la Renta al considerar exenta de tributación una parte de las pensiones.
Menos recaudación
Desde que se iniciaron las primeras reclamaciones a finales del año pasado las cifras han crecido de forma progresiva, conforme las haciendas han podido acceder a la base de datos de la Seguridad Social. En la última semana y con ocasión de las declaraciones de Renta del pasado ejercicio, las diputaciones han actualizado las cifras y han dado a conocer por primer vez el coste estimado de una sentencia que se ha revelado trascendente. Así, Bizkaia ha estimado que aplicar el criterio correcto en la liquidación de la Renta de 2023 va a tener un coste fiscal de 60 millones de euros -un dinero que hubiese ingresado de no existir la sentencia-, mientras que Álava ha cifrado el impacto en 15 millones y Gipuzkoa en 40,5.
Estos pensionistas realizaron aportaciones a mutualidades -como las de Tabacalera, Telefónica, empleados de notarías, trabajadores de banca, etc.- que fueron absorbidas por la Seguridad Social en 1979. El Supremo, en una reclamación que partió de exempleados de banca, asumió que aquellas aportaciones debían considerarse ahorro personal y que por tanto una parte de la pensión que ahora reciben es la recuperación de aquel dinero, no una nueva renta. El cálculo de la parte exenta no es sencillo porque depende de los años que se cotizó a la mutualidad, pero los datos que la Seguridad Social ha facilitado a las haciendas permiten determinar qué cantidades están libres del impuesto.
Reclamaciones
Hasta finales del mes de junio esos 324.000 afectados tienen el derecho a reclamar el exceso abonado en las declaraciones de IRPF de los cuatro años no prescritos -a partir de ese momento solo podrán exigir devoluciones de tres ejercicios-, de ahí que habrá que esperar algunos meses para conocer el impacto total sobre la recaudación de las diputaciones forales. En cualquier caso las tres se ha comprometido a realizar la devolución este año mediante un trámite sencillo, ya que del periodo de 2019 a 2022 los pensionistas tan solo tendrán que presentar la reclamación, sin acreditar las contribuciones que hicieron a las mutualidades. Serán las haciendas las que realicen esa comprobación y recalculen las declaraciones de ese periodo con los datos facilitados por la Seguridad Social.
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La Hacienda de Bizkaia aclaró ayer que no ha sido posible aplicar los cálculos en todos los borradores de declaración que ha elaborado para la liquidación de 2023, aunque todos los afectados tendrán una señal en el documento digital para que puedan tenerlo en cuenta.
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