El EVE reclama una reforma inmediata de la regulación eléctrica ante el riesgo de «colapso» competitivo

El aviso llega en un momento crítico para la economía vasca, tras años en los que la falta de potencia eléctrica ha paralizado planes industriales por valor de miles de millones y ha enfriado la inversión extranjera. El acuerdo alcanzado el mes pasado entre el Gobierno central y el vasco, que compromete 5.200 megavatios adicionales para Euskadi en los próximos cinco años, permitirá desbloquear 117 proyectos y salvar cerca de 70.000 empleos. Sin embargo, el EVE advierte de que este refuerzo tardará años en materializarse y que hace falta una reforma inmediata de la regulación eléctrica.

«Renovables sí, tenemos recursos, pero el sistema eléctrico tal y como está diseñado carece de sentido», ha denunciado Amundarain, que también ha reclamado eliminar los topes y facilitar un despliegue más ágil. Un mensaje en línea con el de las compañías eléctricas, que llevan tiempo alertando de que las exigencias de descarbonización avanzan más rápido que las infraestructuras y que, sin una red sólida y rentable, será imposible mantener la competitividad industrial.

El problema es que, por muchos megavatios que se inyecten o por muchas subestaciones que se reformen, la electricidad no llegará a destino sin inversiones en distribución. Y ahí es donde surgen los choques con las compañías. En plena negociación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), reclaman más incentivos para destinar capital a la red. El supervisor ha propuesto elevar la retribución del 5,58% actual al 6,46%, pero Aelec –la patronal que agrupa a Iberdrola y Endesa– insiste en que debe situarse en el 7,5%, en línea con la media europea.

La amenaza no es menor. Iberdrola ya ha advertido de que concentrará el 65% de sus inversiones en Reino Unido y Estados Unidos, y apenas un 15% en la península ibérica. En el mismo foro en el que se ha pronunciado Amundarain, Javier Arriola, director de la región norte de la distribuidora de la eléctrica vasca, ha alertado del riesgo de que, sin incentivos adecuados, la expansión de las redes se ralentice y los proyectos industriales vuelvan a quedar encallados.

El marco regulatorio vigente, aprobado en 2013, fijó un tope del 0,13% del PIB para las inversiones en distribución, una restricción que el Gobierno vasco considera hoy insostenible. Tanto el EVE como el Ejecutivo autonómico coinciden también en reclamar al Ministerio de Transición Ecológica que elimine ese corsé normativo que actúa como freno a la modernización de la red.