Euskadi quiere la transferencia de los más de 800 millones en prestaciones del paro

Este traspaso abrirá la puerta a un objetivo que el Gobierno vasco viene reclamando desde hace tiempo, disponer de una ventanilla única a la que acudir en vez de rotar entre las oficinas de Lanbide y las del Sepe. La primera se encarga desde 2011 de las políticas activas de empleo, es decir, las que desarrollan los programas de formación y las iniciativas para impulsar la contratación. La segunda, en manos del Ejecutivo central, lleva a cabo las políticas pasivas, lo que se traduce mayoritariamente en el pago de las prestaciones contributivas a los parados y los subsidios por desempleo.

Esta transferencia es muy delicada porque desata todos los miedos a las ruptura de la llamada 'caja única', aquella a la que llegan las cotizaciones sociales de los españoles y con la que se pagan las prestaciones sociales. Y eso que en las del paro, a diferencia de lo que ocurre con las pensiones, no hay déficit. Según datos del Ministerio, en Euskadi se recaudan 1.663 millones de euros en cotizaciones por desempleo y las prestaciones ascienden los citados 805 millones, si bien a esa cantidad habría que sumar las cotizaciones por los desempleados que asume el Estado.

En todo caso y ante los recelos que este traspaso despierta, se está contemplando la posibilidad de que Euskadi abone las prestaciones a través de Lanbide y luego le pase la factura directamente al Estado. Desaparecerían así las 31 oficinas que tiene el Sepe en el País Vasco, en las que trabajan 247 personas.

El asunto es complejo y no está claro que se pueda concretar en la reunión bilateral de mañana. Lo que sí está más avanzado es el traspaso de un paquete de prestaciones no contributivas familiares. Recogen las ayudas por nacimiento o adopción en familias numerosas, así como aquellas dirigidas a hijos o padres con discapacidad, una casuística que afecta a cerca de 20.000 personas en suelo vasco.

«Con esta transferencia cerraríamos un ciclo y Euskadi gestionaría ya la totalidad de las prestaciones no contributivas», detalló esta semana la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena. Se trata de un área que el País Vasco comenzó a asumir en 1987 y al que hace apenas tres años se sumó el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Su financiación se descontará del Cupo, y se hará con cargo al tradicional porcentaje del 6,24% sobre todo el gasto estatal.

Sin embargo, en el traspaso de las prestaciones por desempleo no se utilizaría el sistema del Cupo porque se entra por primera vez en materia contributiva (recibes en función de lo que cotizas). Por eso se está debatiendo un modelo inédito. El objetivo del Gobierno vasco es asumir el reparto de las 29.000 prestaciones contributivas que se otorgaron en el territorio (con una media de 1.040 euros según el dato de mayo), así como los 15.000 subsidios por desempleo. Esta transferencia no supondría asumir ninguna competencia normativa, ya que en Euskadi no se podrían fijar reglamentos, ni cambiar importes, una potestad que seguiría siendo estatal. Pero sí albergaría la capacidad de gestionar los pagos, que tendrían el sello de Lanbide, para luego ajustar cuentas con las arcas españolas.

El reto implica negociar con dos ministerios distintos -el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con Elma Saiz al frente, y el de Trabajo y Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz-. Un trabajo ingente que no avanza al ritmo deseado por el Gobierno vasco. Este pasado jueves Ubarretxena, que el día anterior se había reunido con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, para avanzar en esta transferencia, ya advirtió que todavía no han recibido ningún texto por parte del Gobierno central. «Euskadi no va a aceptar un acuerdo a medias», advirtió exigiendo a Madrid que agilicen el proceso de cara a la reunión que se celebrará este martes.

Con todo, la consejera ve vientos favorables al acuerdo y viene asegurando que no hay impedimentos para culminar la transferencia. Además hay «antecedentes positivos», como el traspaso del IMV que generó miedos iniciales pero que con el que el ahora todos parecen estar «muy satisfechos». El Gobierno vasco hace hincapié en las sinergias que se conseguirían con una ventanilla única. «La mayoría de las oficinas del Sepe comparten espacio físico con Lanbide. En ese sentido vemos que es un traspaso totalmente factible y que va a ayudar a la gestión. Vamos a ganar agilidad y vamos a ganar rapidez», defendió.

El optimismo del Gobierno vasco no es compartido por muchos especialistas. El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada Fedea, Ángel de la Fuente, no ve «nada claro» cómo se podría desarrollar este proceso en la actual dinámica de un fondo compartido en todo el territorio. «¿Se trataría sólo de que el cheque lo envíe el Gobierno vasco o se hablaría de un reparto real de los costes?», cuestiona. Si se trata de lo primero, «no veo mucho sentido al proceso más allá de que lleve el sello de Lanbide en lugar de el del Sepe», apunta.

El catedrático en la facultad de Economía y Empresa de la EHU Felipe Serrano tiene los mismos recelos. «Para empezar las políticas pasivas no afectan a la empleabilidad, así que desde el punto de vista de la eficacia solo sirven para aumentar el volumen de recursos gestionados por el Gobierno vasco», advierte.

En cambio el letrado en Seguridad Social Manolo Moreno sospecha que, aunque solo fuera un intermediario para la Seguridad Social, esta competencia supondría una desigualdad. «¿Qué criterio van a seguir para reclamar unas prestaciones indebidas?, ¿será el mismo que se aplica por ejemplo en Guadalajara?», cuestiona, y advierte que «la gestión de unas prestaciones económicas no es algo automático. Exige aplicar una regulación y se rompe el criterio único».