Euskadi quiere 700 de los 16.000 millones que el Estado destinará al sobrecoste sanitario

La cuestión va a ser producto de una negociación en las próximas semanas entre las administraciones central y vasca, con la vista puesta en una Comisión Mixta de Concierto -donde debe adquirir rango oficial- y que el gabinete de Urkullu reclama para antes del verano. El compromiso de celebrarla en esas fechas se alcanzó el pasado marzo entre ambos gobiernos y en ella, además, debería dilucidarse otra cuestión fundamental: la licencia para tener déficit en las cuentas vascas y tapar ese agujero con nuevo endeudamiento.

María Jesús Montero lanzó la pasada semana un gancho a las comunidades autónomas en formato de lluvia millonaria, que se traduciría en la transferencia de esos 16.000 millones a fondo perdido. De esa cantidad, unos 10.000 estarían destinados a apoyar el gasto sanitario y otros 1.000 a otras ayudas sociales, también para atender urgencias generadas por la pandemia. Ambas cuestiones son competencia de las comunidades autónomas. El asunto encendió las luces de atención -no llega a alarma-, porque en circunstancias similares ha derivado en una controversia entre Vitoria y Madrid y ha sido objeto de enconadas negociaciones. Ayer, Montero se reunió con todas las comunidades, pero no se pudo avanzar en los detalles relacionados con Euskadi y el Cupo.

Desde julio de 2007, y tras un acuerdo en la Comisión Mixta de Concierto, está asentado el principio de que cuando el Estado hace transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas para financiar competencias transferidas, el País Vasco tiene derecho a participar en el reparto. No a recibir parte del dinero, pero sí a descontar la parte que le debería corresponder en el pago del Cupo, lo que al final produce el mismo efecto. Así las cosas, si el dinero que ahora se reparte para esas dos competencias transferidas asciende a 11.000 millones de euros, el País Vasco tendría derecho a descontar el Cupo el 6,24%, lo que supone 686 millones.

Pero hay que esperar, apuntaban ayer desde el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco, porque el Ejecutivo de Sánchez tiene que concretar cuáles van a ser los criterios de reparto de ese dinero, ya que pueden aplicarse criterios de población y también de porcentaje de afectación del Covid-19 en cada uno de los territorios. «La letra pequeña va a ser fundamental para tener una idea más clara», indicaron. Si se aplica un criterio de población, Euskadi recibiría una cantidad aproximada a los 550 millones de euros.

Las bases de esta pugna nacieron en 2003, cuando el Gobierno vasco decidió descontar 32,2 millones en la liquidación del Cupo, porque en el ejercicio anterior el Estado había aprobado una financiación extraordinaria para cubrir gastos sanitarios de las comunidades autónomas. A partir de ese momento arrancó una polémica entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeita, que se prolongaría durante años.

Y también durante años tanto el Estado como el Gobierno vasco retuvieron una parte del dinero que transferían a la otra administración con periodicidad trimestral. La pugna acabó en octubre de 2006 cuando José Luis Rodríguez Zapatero, para salvar los Presupuestos de 2007, negoció el respaldo del PNV en el Congreso. El precio fue aceptar la tesis vasca en relación a esa financiación extraordinaria. El acuerdo no se puso negro sobre blanco hasta julio de 2007, en una Comisión Mixta de Concierto, cuando el entonces vicepresidente de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aceptó que ese mismo criterio se aplicaría siempre en el futuro.