Gobierno y diputaciones ponen fin a 10 años de bloqueo con la nueva Ley de Aportaciones

Cuando el actual consejero, Pedro Azpiazu, llegó al cargo en noviembre de 2016, la primera pregunta periodística a la que tuvo que responder tenía que ver, precisamente, con la ley. Vino a decir que se comprometía a renovarla, pero que era mejor hacerlo con acuerdo que actuar de una forma apresurada. Pues bien, ha costado cuatro años y ocho meses, pero se ha logrado en el curso de numerosas reuniones técnicas y de un impulso político final capitaneado por Azpiazu junto a los tres diputados generales: Unai Rementeria por Bizkaia, Ramiro González por Álava y Markel Olano por Gipuzkoa. Un acuerdo del que fue informado el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, como presidente de la asociación de municipios vascos.

La nueva ley se aplicará en el período 2022-2026 y el próximo 15 de julio se celebrará un Consejo Vasco de Finanzas Públicas extraordinario, donde se reunirán el Ejecutivo de Urkullu, los gobiernos forales y los ayuntamientos, para aprobar la nueva metodología. Posteriormente, el Consejo de Gobierno tendrá que aprobar el proyecto de Ley que se remitirá al Parlamento vasco para su aprobación. No habrá problemas dado el acuerdo entre PNV y PSE, que gozan de mayoría en la Cámara. Las instituciones firmantes consideran que «contar con la Ley aprobada antes del Consejo Vasco de Finanzas de octubre posibilitará que las instituciones elaboren los presupuestos del ejercicio 2022» aplicando ya la nueva fórmula.

El preacuerdo alcanzado recoge las reivindicaciones que las distintas instituciones han venido reclamando durante la vigencia de la actual metodología y, sobre todo, «pone en valor la incorporación de los preceptos» que se derivan de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, con un capítulo especialmente dedicado a la financiación municipal.

En realidad, el acuerdo es muy continuista, prueba de lo difícil que resulta hacer grandes cambios en un asunto tan controvertido y que con frecuencia ha desatado la polémica y el enfrentamiento más descarnado entre los diferentes territorios y los partidos políticos. Curiosamente, la presencia de las mismas siglas en diferentes instituciones no había servido para limar fricciones. Pero ahora, el fin del periodo más agudo de la pandemia, el inicio de la recuperación tras el mayor batacazo económico desde la Guerra Civil y la necesidad de tener un sistema «sólido» para asentarla, parecen haber obrado el milagro y propiciado un acuerdo. A la vista está que, dado el tiempo transcurrido, no ha sido «sencillo» ni «pacífico», aunque parece haber contentado a todos.

El denominado coeficiente vertical, el que reparte el dinero entre Gobierno y diputaciones, se incrementa del 70,04% actual al 70,81% a favor del Ejecutivo, por la integración de los nuevos traspasos asumidos por la comunidad vasca en los últimos años. De cada cien euros que se recauden, 70,81 irán para las necesidades del Ejecutivo de Urkullu, mientras que las diputaciones y los ayuntamientos tendrán que repartirse los 29,19 restantes.

En cuanto a los coeficientes horizontales, los que marcan el peso de cada territorio en su aportación a las arcas comunes, no hay cambios. Con los porcentajes oficializados el pasado febrero, que se mantendrán, de cada cien euros que se mandan al Gobierno de Vitoria, a Bizkaia le toca poner 50,39; a Álava, 16,27; y a Gipuzkoa, 33,34. Gipuzkoa y, en menor medida Álava, siempre se han quejado de que se les pide aportar más de lo que son capaces de recaudar. Justo lo contrario de lo que sucede con Bizkaia

El preacuerdo mantiene el objetivo de asegurar que el peso relativo de la recaudación de cada Diputación alcance el 99% de su coeficiente horizontal, con lo que el límite máximo del Fondo General de Ajuste aumenta hasta el 1,45% de los recursos a distribuir entre las instituciones vascas frente al 1% fijado por la Ley de Aportaciones vigente. Un mecanismo para acallar las 'injusticias' derivadas de los coeficientes horizontales. Por ello, los firmantes hicieron ayer especial hincapié en su texto conjunto en que «el incremento en la cuantía máxima del Fondo General de Ajuste aumenta las garantías para los Territorios Históricos».

El pacto establece un porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos: será del 39,23%, con lo que «consolidarán un porcentaje de participación en los tributos concertados superior al actual», del 37,33%. Esta cifra será explicada el jueves, al término del Consejo Vasco de Finanzas, porque es una de las cuestiones que habitualmente levantan más polémica, dado que los ayuntamientos se quejan de que ofrecen muchos servicios y, a cambio, perciben pocos fondos. Con el añadido de que son las instituciones más cumplidoras al pagar sus deudas.