Las empresas que se marchen de Euskadi deberán devolver las ayudas públicas
Reivindicada por Bildu, la medida fue acordada en la ley de subvenciones con los partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE
Una desaceleración económica, varios casos de pérdida de arraigo de históricas compañías vascas y una ola de entrada de gobiernos en el capital de empresa ... estratégicas, como el reciente caso de Telefónica. Es el contexto en el que el Parlamento vasco ha aprobado este jueves la ley que exigirá a las empresas que devuelvan todas las ayudas cobradas en los últimos ocho años si se van o trasladan parte de su producción fuera de Euskadi. Además, las compañías sancionadas, también sus socios, no podrán acceder en los siguientes ocho años a las convocatorias de subvenciones públicas. Solo quedarán excluidas las prestaciones cobradas para impulsar el uso del euskera y las empleadas para la formación de los trabajadores.
La votación de la Ley de Subvenciones, tramitada este jueves en el macropleno de final de año de la Cámara vasca –ha aprobado seis leyes–, materializó el acuerdo entre PNV, PSE y Bildu. La coalición abertzale presentó la pasada primavera esta propuesta que las formaciones del Gobierno vasco aceptaron recoger en la norma que regula las subvenciones creando un título específico para evitar deslocalizaciones.
El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo vasco, Pedro Azpizu, ha justificado la inclusión del Título quinto en la ley «para reforzar el arraigo y dificultar deslocalizaciones empresariales». Y, en este sentido, la parlamentaria de Bildu Leire Pinedo ha destacado que «no se puede permitir que las empresas trasladen la producción fuera de Euskadi por recortar gastos». La propuesta contó también con el respaldo del PSE y de Elkarrekin Podemos
En contra ha votado el Partido Popular, cuyo diputado, Luis Gordillo, ha denunciado que la norma se trata «de una sanción encubierta» y «un instrumento pernicioso para la economía vasca». El grupo mixto, conformado por Ciudadanos y Vox, también ha rechazado la iniciativa.
Claves de la ley
A partir de ahora pesará una obligación con fuerza de ley para cualquier empresa que se marche de Euskadi, cierre uno de sus centros de fabricación, eche a la mitad de la plantilla o reduzca significativamente su producción. Además, también incurrirá en este supuesto si en el plazo de tres años inmediatos desarrolla en otro lugar diferente al País Vasco la misma actividad.
La clave que abre la exigencia del reintegro viene marcada por la declaración de «deslocalización empresarial». Un atributo que corresponderá en exclusiva al Ejecutivo vasco. Solo será un acuerdo del Consejo de Gobierno el que pueda sancionar esa declaración y reclamar las ayudas en el final de un expediente que puede iniciar cualquier departamento del Ejecutivo que haya adjudicado la ayuda.
La patronal vasca, Confebask, que compareció en el Parlamento durante la tramitación de la ley, consideró la medida como «injusta y desproporcionada». La directora de su departamento Laboral, Virginia Múgica, apostó por legislar en positivo, desde el fomento, no desde sanciones.
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