Las empleadas del hogar, de nuevo en el alambre

Los sindicatos quieren que el Gobierno vuelva a abordar la situación del empleo doméstico, al considerar que la regularización que se abordó años atrás con efectos desde 2012 ha resultado incompleta. Las cifras oficiales, tanto del INE como del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así parecen refrendarlo puesto que una de cada tres trabajadores de ese sector no está dada de alta y, lo que es peor, se teme que este fraude a las arcas públicas pueda aumentar en los próximos meses.

El motivo es que desde el pasado 1 de agosto las cuotas sociales de las empleadas de hogar, un colectivo integrado de forma mayoritaria (aunque no única) por mujeres, han disparado su coste un 20%. Ello se debe a que el Gobierno decidió no incluir este descuento, aplicado durante el último lustro, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. De esta forma, son los hogares que tienen contratadas a estas personas los que han de asumir las diferencias.

Esa reducción se empezó a aplicar hace cinco años como medio para incentivar que se diera de alta a esta tipo de trabajadores, al integrar su régimen especial dentro del general y, a la vez, obligar a cotizar desde la primera hora de labor (antes no había que hacerlo por tareas que no sumaran más de 72 horas semanales). En ese trasvase prácticamente 75.000 cotizantes se 'perdieron', al dejar de figurar en el sistema, si bien al tiempo se produjeron 80.000 nuevas altas. En total, ese ejercicio terminaron sumándose más de 130.000.

El problema es que la diferencia entre ocupados reales y afiliados contabilizados, aunque se ha ido moderando en este tiempo, continúa siendo importante. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre del año, al cierre de junio un total de 617.400 personas afirmaban estar empleadas en actividades del hogar como personal doméstico y, de ellas, la mayoría eran mujeres (541.300, prácticamente el 88%).

Sin embargo, poco más de dos tercios cotizaban a la Seguridad Social como tales. En concreto, eran 424.395, el 68,7% de las que en teoría trabajan en un sector que, según estimaciones oficiosas de la consultora especializada en el sector de la limpieza Clintu, mueve cerca de 7.000 millones de euros al año. Su fundador, Alex Espel, anima a que se incentive la regularización de estas trabajadoras, dado que la demanda de empleo en el sector (del 9% el último año, estima) está creciendo claramente por encima del ritmo de sus afiliaciones al sistema, que hace dos años alcanzaron el 70%.

Recuerda en ese sentido que, en caso de ser descubiertos por la Administración, tanto el contratante como el empleado irregular serían multados con sumas que pueden superar los 10.000 euros. Estos trabajadores, no obstante, tienen los salarios más bajos de todas las ramas de actividad (el promedio es un 60% inferior), de manera que casi siete de cada diez (el 68,5%) perciben menos de 1.000 euros brutos mensuales. Asimismo, poco más de la mitad de las que trabaja para un empleador particular (el 54,5%) solo lo hace a tiempo parcial, siendo de nuevo el nivel más alto por sectores.

Por este motivo, el sindicato UGT va a iniciar una campaña de sensibilización con este colectivo, empezando por reclamar al Gobierno que recupere la deducción referida del 20% en sus cuotas sociales a fin de que no aumente su precarización laboral, «ya de por sí importante». No es el único. Otras centrales y partidos políticos se van a unir esa petición, al alertar que de lo contrario podría aumentar de forma sensible el peso de la llamada economía sumergida.

Desde la organización sindical resaltan al respecto que la normativa actual impide a los inspectores de trabajo acceder a un domicilio particular para comprobar la situación laboral de un empleado de hogar. Por este motivo, también piden al Ejecutivo que modifique el decreto que regula la actividad de la Inspección, a fin de regular de otra forma las revisiones de esas labores remuneradas.

Sí se mantiene, no obstante, una bonificación de hasta el 45% para las familias numerosas, pero los representantes de estas trabajadoras consideran que su peso dentro del sector es pequeño. En el Ministerio de Empleo dicen ser conscientes de este problema y estudian «distintas fórmulas» para mantener algún tipo de régimen ventajoso, al menos en lo que queda de 2017. Una opción sería reconvertir la reducción desaparecida en una bonificación y que, además, tenga efectos retroactivos.

De esa forma la cuota social se pagaría completa, aunque luego un organismo público -normalmente suelen ser los servicios públicos de empleo- reintegraría la diferencia al aplicar el descuento anterior. Los pagos por trabajador tienen en cuenta el número de horas y el salario pactado (las bases oscilan entre los 161,3 euros y los 826,4 euros), en una horquilla de ocho tramos que va desde los 44,5 euros hasta los 238 euros por mes.

El tipo de cotización, ahora fijado en el 26,5% (del que el 22,1% corresponde al empleador y el resto al empleado), se incrementa en casi un punto anual (0,9%) al objeto de que desde el 1 de enero de 2019 se aplique solo el régimen general (establecido en el 28,3%) y se elimine de forma definitiva el especial. Y si para entonces no se ha solventado el tema de los descuentos, ni se tampoco se controla más y mejor el fraude, la Seguridad Social puede tener otro problema entre manos.