Las demandas contra la banca fuerzan la prórroga de los tribunales especiales

Esto sucede porque se cumplen uno o dos de los criterios para aprobar esa extensión: haber recibido al menos 2.000 nuevas causas entre el 1 de octubre de 2020 y el 20 de septiembre de 2021; o contar con al menos 1.500 procedimientos abiertos a fecha del 30 de septiembre.

Los juzgados de Álava y de Gipuzkoa cumplen la primera premisa (han recibido 2.921 y 2.017 nuevas demandas, pero solo tienen pendientes 825 y 1.177 respectivamente); mientras que el de la capital vizcaína lo hace con ambas: ha recibido 4.351 casos nuevos y tiene 6.658 pendientes, uno de los ratios por habitante más elevados de España.

«Hay mucho volumen de demandas porque las entidades financieras han optado por oponerse a todo y recurrir constantemente a pesar de que pierden de forma abrumadora», explica a EL CORREO el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte. Este auténtico tsunami de casos, que el magistrado Uriarte cifra en casi 24.000 desde que se conformaron los juzgados especiales, provoca «una avalancha de trabajo en los tribunales» que se ha visto agravada por el parón del confinamiento decretado para combatir al coronavirus y las diferentes restricciones posteriores.

En cualquier caso, para dar respuesta al volumen de trabajo existente, el juzgado está a pleno rendimiento y cuenta ahora con un juez titular y tres de apoyo. Pero hacen falta también más funcionarios. «No es solo hacer las vistas y dictar sentencias, sino también tramitar todos los expedientes. Eso es lo que alarga todo y lo que requiere de más personal», añade Iñaki Velasco, abogado de la OCU, que destaca que «en el País Vasco se han hecho bastante bien las cosas si se compara con el resto de España».

No obstante, 20 de los 24 órganos judiciales especiales establecidos en todo el Estado han cesado ya su actividad «dada la positiva evolución experimentada por esos juzgados tanto en lo que respecta al número de asuntos pendientes como a su capacidad de resolución». Velasco vaticina que en un año dejen de entrar casos nuevos en Euskadi, pero está convencido de que su resolución «va para largo». Según Uriarte, en Bilbao el procedimiento se completa en cuatro o cinco meses «desde que se pone en marcha». El problema es que la lista de espera es larga y se puede llegar a demorar hasta dos años.

Ambos profesionales destacan que todo esto se evitaría si los bancos optasen por llegar a acuerdos fuera de los tribunales. «No parece muy defendible que estén empeñados en judicializar todo lo que tendrían que haber arreglado de forma extrajudicial», critica Velasco. «Pero es lo que han hecho siempre los grandes empresarios, porque para ellos el litigio tiene un coste más bajo», apunta Uriarte, que pone como ejemplo adicional a las aerolíneas que llevan rutinariamente sus compensaciones a los tribunales. «Esto desincentiva que el usuario demande», añade.

El problema es que esta situación resta recursos a otros organismos que están necesitados de ellos. Al fin y al cabo, si el juzgado especial de Bilbao recibe más de 4.000 casos en un año, uno ordinario suele tramitar poco más de un millar, aunque Uriarte reconoce que son «más complejos». Por si fuese poco, Velasco recuerda que aún hay una resolución pendiente del tribunal europeo que podría abrir la puerta a más litigios.