La delegada del Gobierno tacha de «mensajes de la caverna» la posición de Pradales y el PNV sobre inmigración

«Solo en los últimos cinco años hemos recibido más de 75.000 personas migradas. Pero no ha sido una migración buscada. ¿Qué necesidades tiene la sociedad y la economía vasca?», planteó el lehendakari en el Foro Agenda Atlántica organizado el jueves por EL CORREO y 'La Voz de Galicia', con el patrocinio de Bankoa-Abanca. Ya el sábado el parlamentario socialista, Ekain Rico, advirtió en una tertulia radiofónica que se trata de unas declaraciones «muy preocupantes» y que «se apartan del ámbito que hemos acordado la mayoría de los vascos con el pacto vasco-migratorio, a donde tenemos que volver».

Ahora Garmendia, en declaraciones a los medios antes de un acto organizado en Vitoria para explicar el nuevo Reglamento de Extranjería, que ha contado también con el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, se ha sumado a las críticas. En este sentido, ha advertido que el centro de refugiados de Arana, en Vitoria, «ya está en marcha y su rehabilitación es un proyecto social que no tiene vuelta». «Me preocupa que el PNV esté lanzando mensajes que están más cercanos a las cavernas, si me permiten la expresión, a mensajes viejos y retrógrados del PP y de Vox», ha sentenciado.

La jornada informativa de este lunes ha reunido a cerca de un centenar de agentes económicos, sociales e institucionales que han abordado el impacto del nuevo Reglamento de Extranjería. «Sin inmigración, Euskadi no tiene futuro. Los inmigrantes no son parte del problema, son parte de la solución», ha manifestado Garmendia, quien ha reivindicado la necesidad de ofrecer oportunidades «de formación y empleo digno» a este colectivo «como ciudadanos de España y del País Vasco plenamente integrados y sujetos de derecho y de deberes» ya sean, además, «cualificados o no cualificados» o, como ha ejemplificado, «sin necesidad de que tengan una diplomatura de Harvard». «Necesitamos gente ir cuide a nuestros mayores, que limpie nuestras calles, que trabaje en la construcción, en empleos que los vascos no queremos», ha detallado.

La delegada de Gobierno también ha incidido en que Euskadi cuenta con 97.000 cotizantes extranjeros, pero necesita aumentar su población laboral en 400.000 personas durante las tres próximas décadas (citando a la patronal Confebask) «y sin necesidad de que tengan un diploma de Harvard o por una universidad».

En la misma línea ha incidido Mikel Torres, quien ha recordado que la misión del nuevo reglamento es simplificar y agilizar los permisos de trabajo y residencia para favorecer su acceso a los mismos. «En la sociedad vasca no sobra nadie. La emigración nos ha ayudado en el pasado a construir una sociedad más próspera desde el punto de vista económico y social, nos ayuda en el presente y nos ayudará en el futuro», ha añadido.

Torres también ha recordado que en el pasado la emigración ha ayudó a conseguir «una sociedad próspera» el territorio. «Y en esto ni se puede mirar hacia otro lado, ni se puede obviar nuestra responsabilidad, por lo que las administraciones públicas debemos disponer de políticas y de dispositivos de acogida que integren de forma plena a estas personas. Y lo primero que necesitan es regularizar su situación para que puedan insertarse en un mercado laboral que necesitan y necesitamos», ha añadido.

En eso quiere trabajar el nuevo reglamento que protagoniza la jornada de este lunes, y también de la transferencia de los permisos de trabajo que se materializará «en breve» y que se gestionará a través de las tres delegaciones que la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del departamento tiene en las tres capitales vascas (según detallaron, prevé arrancar el 1 de julio). «Gracias a la transferencia estaremos más cerca de las personas migrantes, para que puedan regularizar su situación e iniciar su inclusión social a través del trabajo, y también de las necesidades de las empresas», ha concluido.

No es el único caballo de batalla. El Gobierno central también ha anunciado su intención de acelerar la regularización de 400.000 inmigrantes que se comenzó a tramitar hace un año a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) -entonces sumó más de 600.000 apoyos y el impulso de casi un millar de organizaciones- como una vía para solucionar los posibles agujeros que deje sin resolver el Reglamento de Extranjería que entrará en vigor este martes. Aunque la nueva normativa quiere aligerar los trámites y facilitar la vía para obtener los permisos, también podría dejar sin papeles a miles de solicitantes de asilo.