La cruz de ser interino

El problema afecta especialmente a Euskadi, que se mantiene desde hace años como la comunidad autónoma con mayor número de personal temporal en el sector público. Más de cuatro de cada diez se encuentran en esta situación (un 41,3% frente al 27,8% de España). Una cifra muy alejada del 8% marcado como objetivo, pese al intento que ya hizo la ley Iceta de reducir esta bolsa de trabajo convocando un proceso selectivo propio para ofrecerles una salida.

Para ELA el informe del abogado general confirma la necesidad de que el colectivo de interinos siga movilizándose para que se acometan las modificaciones legislativas que consoliden sus puestos. «Los tribunales europeos no legislan, son los países los que tienen que actuar», recordó el responsable de políticas públicas, Igor Izagirre. Una lucha que también reindivican ESK, o InterinokTaldea, grupos que confiaban en que el TJUE «diera un buen tirón de orejas» a la administración.

La donostiarra Eba Etxebarria, de 50 años, renunció hace más de dos décadas a un trabajo indefinido en una guardería para dar el salto a la educación pública. Desde entonces ha venido saltando de contrato en contrato y de municipio en municipio, llegando a conducir hasta dos horas y media cada día para acudir y volver de su trabajo. Según estima, ha trabajado en decenas de colegios vascos con contratos de sustitución que han llegado a durar apenas una semana seguida de largos periodos en paro. Todo hasta acumular «ciento y pico puntos» con los que poder elegir una vacante cerca de su vivienda, siempre que un funcionario al uso no reclame su plaza.

«Nos dicen que la constitución no da margen a que entremos en la función pública sin acreditar méritos y capacidades, como si muchos de nosotros no lo hubiéramos hecho ya», defiende la mujer que, tras concurrir a varias oposiciones, logró aprobar una convocatoria, aunque entonces se quedó sin plaza. Fue tras implantarse la 'Ley Iceta', en 2021, con la que solo puntúan los diez últimos años de experiencia y se contabilizan por separado los méritos en plazas de infantil y primaria –ha cubierto ambas categorías–, rebajando el valor de su experiencia.

«A mí ahora me cesan el 31 de agosto con la tranquilidad de que me hacen un nuevo contrato al día siguiente, pero hasta junio, cuando salen las plazas, no sabes si la vas a tener, ni dónde te va a tocar», detalla. Un problema que se agrava para los interinos, al ser los últimos en elegir centro, lo que suele abocarles a colegios con problemáticas asociadas a familias conflictivas u otras situaciones complicadas. «Hay centros con mayores dificultades y es precisamente donde suelen salir más plazas», remarca. Una rotación continua para el alumnado que tampoco ayuda a estabilizar su formación.

«Ahora, sabiendo que nuestro caso es irregular y que Europa lo está siguiendo, lo quieren resolver deprisa y corriendo firmando una nueva ley de función pública, para que no trabajemos más de dos años y luego echarnos a la calle», se duele Etxebarria recordando que se trata de un sector muy feminizado, en el que mujeres de 55 años se exponen a perder su trabajo. «Lo que están haciendo mal es que estabilizan plazas y no personas», lamenta.

La mayoría de los Consistorios son pequeños y de caras conocidas, por lo que Mireia elige refugiarse en un alias ya que su caso, además, ha llegado a los tribunales. «Accedí a la administración pública a través de una bolsa de trabajo que convocó el propio Ayuntamiento de manera urgente, pasando un examen escrito, una entrevista y una valoración de méritos, y primero estuve de manera temporal cubriendo bajas hasta que surgió una vacante en la que sigo a día de hoy», detalla.

Experta ya en concatenar contratos, Mireia lleva seis años entrando y saliendo del mismo Consistorio, lo que a efectos legales implica «un abuso de la temporalidad». «Es una situación que se produce siempre que el empleador sea el mismo y el empleado esté trabajando por más de tres años encadenando contratos, siempre que entre esos contratos no hayan pasado más de seis meses». Víctima de esta situación, ha llevado su caso a los juzgados aún a riesgo de acabar pagando costas. Su motivo, quiere usar el proceso para constatar su situación a fecha actual y beneficiarse de las posibles sentencias favorables que acumule la causa y que confía en ver pronto. «Yo en la justicia europea confío –admite a la espera de que el TJUE emita una sentencia final–, aunque no lo hago tanto en la española que sigue sin cumplir los mandatos anteriores», subraya.

Aunque tiene que desplazarse casi una hora para acudir al trabajo, su empleo le gusta. «Hasta he renunciado a otros contratos técnicamente mejores, incluso por salario», detalla. Tampoco renuncia a preparar oposiciones, aunque reconoce su frustración por lo «arcaico» de unos procesos «que se exceden pidiendo teorías, cambian el temario de un ayuntamiento a otro, aunque estén al lado, y no valoran la experiencia».

Toda esta suerte de situaciones la han empujado a una situación de interinidad que le pasa factura en su vida diaria. «A muchos funcionarios interinos no nos dan hipotecas porque te dicen que ese empleo no supone una estabilidad y genera desconfianza. Y de tener hijos ya ni hablemos, porque bastantes problemas tienes ya», se duele. «Al final, quien quiere seguir para adelante para defender sus derechos y anteponer la razón a esta 'insumisión' de España tiene que acudir a un abogado. Si no lo denuncias, te vuelves invisible», condena.

Alex Aresti conoce lo que supone ser interino por partida doble. Aunque este getxotarra apenas ha pasado cinco años en esta situación –hace poco ha logrado una plaza como auxiliar de enfermería y otra, más reciente, como técnico de rayos X en San Sebastián–, su esposa también forma parte de las bolsas de trabajo de Osakidetza desde hace 14 años. «Ésa suele ser la media», asegura.

«Vas encadenando contratos que lo mismo te duran un mes, que una semana o pasas un año por alguien que está de baja», un problema que dificulta planificar unas vacaciones que normalmente se resuelven con el pago por los días no librados o en periodos de paro que pueden interrumpirse repentinamente para solventar una baja.

Yeste no es el único problema logístico. Su llegada imprevista a un puesto empuja además al personal fijo a estar formando a nuevas personas de manera habitual. «Cuando llegas a un área nueva necesitas como mínimo unos días para hacerte al trabajo y para aprender cómo funciona el puesto. Si es para una licencia de unos días, apenas te da tiempo y encima te tiene que ayudar un titular con lo que tienes que tener a otra persona pendiente de ti a la que retrasas», critica en defensa de una mayor cantidad de personal que facilite cubrir estos casos, y más aún en un momento en el que a Osakidetza parecen avecinarse muchas jubilaciones.

En lo laboral hay más problemas que Alex y su mujer han sufrido en primera persona, el de la parcialidad. Ambos han llegado a contar con apenas un tercio de jornada para cubrir las reducciones de quienes tienen plaza. «Yo estuve un mes así pero mi mujer, que es enfermera en Cruces, ha pasado seis años con lo que eso supone para la remuneración», critica. Una precariedad impuesta por este modelo de trabajo que a muchas parejas les ha supuesto retrasar la formación de una familia o asentarse en una vivienda al estar pendientes de su nuevo puesto. «Te marca mucho saber que no estás en una situación estable, ni cuánto te va a durar la plaza o cuándo te va a salir otro contrato».

La única salida es pasar por un examen, pero lo peor para Aresti es la forma en la que «se eternizan las OPE». «Para quienes dependemos de ellas no es normal que se publiquen en 2021 o en 2022 y que todavía no estén resueltas», sentencia.

Por su trabajo, a María le toca escuchar historias horribles, pero según advierte, algunas injusticias también se producen fuera de las salas del juzgado. «Aquí hay muchos interinos y algunos llevan muchos años en esa situación, hasta 20». remarca. Se trata, además, de una plantilla que vive a golpe de acumular contratos que se prolongan durante apenas unos meses.

«A mí me renuevan los contratos cada medio año, pero a otras compañeras cada tres meses, y hay gente que se ha pasado 15 años con este tipo de relevos. Lo peor es que ahora, de repente, nos podemos quedar todas sin trabajo por esa dichosa ley que quieren aprobar y que obligaría a que te cesen tras dos años y que tengas que pasar al menos seis meses en el paro», alerta en referencia a la limitación que quiere fijar el Gobierno central en su lucha contra la temporalidad en la Administración Pública, al ser la entidad en Europa con más personas en esta situación.

Aunque ya venía de ser interina, la mujer cubre actualmente una plaza de administrativa en un juzgado de violencia de género. Un magistrado, que ya no se encuentra en la misma sala, la creó hace tres años como refuerzo ante la acumulación de los expedientes, pero el puesto sigue sin consolidarse aunque la pila de casos no para de crecer. «Por los números, es evidente que en mi juzgado hace falta al menos un puesto más», advierte María. Una solución que, confiesa, no espera que se lleve a cabo próximamente.

Según detalla, muchos acceden al puesto al tratarse de vacantes perfiladas que exigen euskera, ya que otros demandantes de plazas en toda España no pueden cubrir ese requisito.

Ella se consuela en que su familia no depende solo de sus ingresos, ya que sin este salvavidas seguiría sin haberse labrado una estabilidad de la que no disfrutan muchas de sus compañeras. Según lamenta, en su situación actual podrían quedarse sin empleo casi de un día para otro.

«Hasta una semana antes no sabes si te van a renovar el contrato. Llamas a Recursos Humanos y lo mismo ya han tomado la decisión de que te quedes fuera y a ti todavía no te han dicho nada», critica, no sin un miedo muy extendido en el sector público que hace que muchas personas no se atrevan a denunciar públicamente su caso. «Si esto lo hiciera una empresa privada, le caería la de San Quintín», sostiene.