Confebask alerta de que el alza de las cotizaciones supone una carga de 1.500 millones hasta 2030

Con el objetivo de reforzar los ingresos ante un sistema en déficit y bajo presión creciente, la reforma prevé un incremento de las cotizaciones por tres vías. La primera afecta a todos los cotizantes vascos, con sueldos altos o bajos, y es el alza del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que subirá progresivamente del 0,6% actual al 1,2% en 2029, y se mantendrá ahí hasta 2050.

Las otras dos recaen solo sobre los salarios más elevados. Por un lado, la base de cotización máxima (situada actualmente en 54.000 euros al año) va a subir un 1,2% adicional a la inflación de cada año, lo que supone un 38% hasta 2050, mientras que la pensión máxima solo lo hará un 3%. Por otro lado, se aplicará un nuevo 'recargo de solidaridad' sobre la diferencia entre el sueldo y la base máxima, que se terminó ayer de perfilar en negociaciones con PdCat.

Los cálculos de Confebask no tienen en cuenta este último gravamen porque depende del sueldo de cada persona, así que solo aplica la subida progresiva del MEI y de las bases máximas de cotización. La patronal destaca en su análisis que la mayor parte de la carga la asume la empresa porque en España las compañías pagan más del 80% de las cuotas a la Seguridad Social frente al 20% que corresponde al trabajador, una proporción muy distinta a Alemania, donde se reparte al 50%. De esta forma, el tipo actual que se aplica sobre la base de cotización es del 32% para las empresas y del 6,45% para los trabajadores.

Pues bien, Confebask estima que solo en 2024 y 2025, los dos primeros años de aplicación de la reforma, el coste será de 637 millones. De esta cifra, 531 millones recaen en la empresa mientras que 106 serán descontados del salario del trabajador.

Como los recargos se van desplegando de forma progresiva, la patronal amplía sus cálculos a 2030 y a 2045. En el primer caso, el coste acumulado es de 1.483 millones para la empresa y 299 para el trabajador; en el segundo, a más largo plazo, la factura ascendería a 4.860 millones y 982, respectivamente.

Con estas cifras sobre la mesa y en línea con lo ya manifestado por la CEOE, Confebask advierte de que «estas medidas suponen un importante castigo empresarial, al acarrear un fuerte aumento del coste laboral sin que se vea acompañado por una mayor productividad». Por ello, alerta, «lastrará gravemente la competitividad empresarial de Euskadi».

Desde su punto de vista, esta carga va a perjudicar también al empleo, «ya que desincentivará la contratación, al elevarse el coste fijo». Recuerda, asimismo, que, aunque el mayor peso recae en la empresa, los trabajadores sufrirán una pérdida de poder adquisitivo y, además, «limitará la capacidad de las empresas para elevar los salarios», tensionando la negociación colectiva y el debate sobre cómo repercutir la inflación en los sueldos. Por último, considera que va a hacer aún más difícil la atracción de talento en Euskadi por el castigo a los trabajadores de mayor cualificación.