CAF defiende su contrato para el tranvía de Jerusalén y señala que no «vulnera ningún derecho»

Pero este jueves la compañía presidida por Andrés Arizkorreta ha decidio dar un paso al frente y defenderse. Lo ha hecho enviando un comunicado al regulador, la Comisión Nacional del Mercado deValores (CNMV). Además de las protestas, que se intensificaron en Euskadi con motivo del paso de la Vuelta a España y el aumento de muertos por el avance de la invasión hebrea de Gaza, ha pesado también la próxima presentación del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos en el que se lista las empresas que participan en actividades en los asentamientos de Israel en la zonas ocupadas a la Autoridad Nacional Palestina. Una relación de un centenar de compañías entre las que está CAF.

Por todo ello, la empresa ha decidido adelantarse y defender el encaje de su proyecto con la «legalidad internacional y los derechos humanos». En el escrito reitera que es «plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto», por ello enumera todos los análisis legales realizados desde antes de su firma en 2019 y hasta este mismo año. Además, recuerda, los servicios jurídicos de la Administración competente en España confirmaron el ajuste a la legalidad sin identificar «ninguna objeción legal para la firma».

En el mensaje trasladado a la CNMV, CAF explica que todos los análisis jurídicos se han realizando de acuerdo a las instrucciones de la 'Guía de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos' publicada por Naciones Unidas para prevenir, identificar y mitigar cualquier impacto adverso en los Derechos Humanos. La empresa considera que, a la luz de esos informes realizados en el año 2023, y nuevamente, en julio de 2025, el tranvía de Jersualén es «catalizador del cumplimiento de derechos humanos como la libertad de movimiento, y el acceso al empleo, la atención médica, la educación y el acceso a los lugares de culto a toda la población, sin distinción, y con especial beneficio para las comunidades más vulnerables». Y es que, recuerda la empresa, los miembros de la comunidad árabe son una «parte significativa de los usuarios del tranvía».

Presión internacional

Este mes, cuando los muertos contabilizados en Gaza han superado las 66.000 personas, se han intensificado las presiones de la comunidad internacional hacia Israel. Además, el presidente Pedro Sánchez ha redoblado sus mensajes de apoyo a Palestina y el Consejo de Ministros acordó este martes el embargo de las ventas de material militar.

En Euskadi, el impacto en el mundo empresarial tuvo otro caso en Sidenor. La compañía presidida por José Antonio Jainaga, que vendía material a una empresa militar israelí, anunció este verano la suspensión del contrato. Mientras tanto, en lo político, el lehendakari pidió en un primer momento una «reflexión ética» sobre los contratos con Israel, pero la semana pasada cambió el paso. En el pleno de política general acusó de hacer «demagogia» a quienes responsabilizaban a empresas e instituciones de ser cómplices del «genocidio». Este fin de semana, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, defendió en EL CORREO a CAF y criticó que «se mezclen cosas» recordando que la empresa «hace trenes, no bombas».

El Gobierno vasco tiene el 3% de las acciones de la compañía, una posición que no le da un puesto en el consejo de administración, pero sí acentúa el fuerte peso institucional de Euskadi en el accionariado. Y es que a ese 3% del Gobierno, se añade el 10,2% de Kutxabank –que mantiene como consejera a la que fuera vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia–, junto a otro 3% de la fundación BBK. El resto de accionistas se completan con una importante participación de la plantilla, que tiene un 24,9%, y la familia Domínguez –propietarios de Mayoral– con un 5%, el mismo porcentaje que ostenta el inversor Daniel Bravo Andreu, exaccionista de Almirall.