Cuerpo defiende el veto a la fusión BBVA-Sabadell: los despidos y cierres de oficinas «son sinergias mal entendidas»

Es decir, que el valor de las fusiones -la que está en marcha y las que estén por llegar- no venga solo de lo que Cuerpo consideró «sinergias mal entendidas», en referencia a aquellas relacionadas con «despidos, cierres de oficinas, etc».

El ministro insistió en que, en el caso de BBVA y Sabadell «no estamos hablando de una entidad problemática como en anteriores ocasiones», como ocurrió, por ejemplo, con la fusión de CaixaBank y Bankia, a la que siguió un fuerte proceso de salidas de personal y cierres de sucursales. «En este caso, ninguna de las dos entidades tiene problemas, están perfectamente saneadas y son solventes», insistió para defender esa idea de que los dos bancos han venido aumentando plantilla en los últimos años y así debería seguir esa tendencia operando por separado durante el periodo establecido.

«Lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante es que puede generar valor a los accionistas privados de ambas entidades sin perjudicar los intereses generales», añadió durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde los grupos intentaron buscar respuesta -sin demasiado éxito- al expediente abierto por Bruselas a España al considerar que su intervención en la opa puede poner en riesgo aspectos como la libre circulación de capitales. En su réplica a los parlamentarios, el ministro se limitó a defender que la defensa del «interés general» permite esa intervención del Ejecutivo en este tipo de procesos, según la normativa doméstica «que está perfectamente alineada con la europea», tanto en lo que se refiere a la ley de solvencia como a la ley de competencia.

Fue el pasado jueves cuando la Comisión confirmó la apertura de un expediente de infracción contra España al considerar que el Ejecutivo se habría extralimitado en sus funciones con el veto a la fusión. En realidad, Bruselas solicita con este documento cambiar las normas nacionales que dan poder al Gobierno para actuar en este tipo de operaciones más allá del interés general en el que se ha escudado Economía. De no hacerlo, el caso podría elevarse en última instancia a la Justicia europea.

Aunque la apertura del procedimiento llegaría, en todo caso, tarde para revocar el veto a la fusión, sí supone un toque de atención a la actuación del Ejecutivo. Pero no implicaría un frenazo a la opa, que entra ya en su recta final a la espera de la publicación del folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un documento que se espera para los próximos días y que pondrá negro sobre blanco sobre los planes de BBVA y con el que se abrirá el periodo de aceptación para los accionistas de Banco Sabadell.

Aunque los grupos aprovecharon para preguntar al ministro sobre distintas materias como la opa, su intervención estaba centrada en las consecuencias de los aranceles de EE UU sobre la economía española. Cuerpo mandó un mensaje de calma a los sectores más afectados, pero sí advirtió de que España se juega 22.700 millones de euros entre exportaciones directas y efectos indirectos de la agresiva política comercial de Donald Trump.

En concreto, unos 15.100 millones de euros se verían afectados vía exportaciones directas (un 83% de todas las ventas a ese mercado), a los que se sumarían otros 7.600 millones «en términos de reexportaciones, o mirando esa primera capa de impacto indirecto».

En este punto, Cuerpo hizo un llamamiento para «ampliar nuestra red de socios estratégicos y comerciales». «Es más necesario que nunca», afirmó, defendiendo el futuro acuerdo del Mercosur como «una oportunidad excelente para la economía española».

El ministro se mostró confiado en que la UE logre un acuerdo con EE UU antes de la fecha límite del 1 de agosto. Sin embargo, advirtió que «no podemos ser ingenuos y debemos estar preparados» por si el pacto no se alcanza finalmente. En este sentido, recordó el paquete de contramedidas que Bruselas mantiene bajo el cajón y que afectaría a importaciones estadounidenses por valor de unos 93.000 millones de euros a partir del 1 de agosto si el acuerdo no es posible.