Los accidentes laborales en Euskadi se saldan este año con sólo medio millón en sanciones
Los inspectores levantaron hasta mayo 85 actas de infracción y hubo 65 siniestros graves y 14 muertes. En el último mes y medio se han registrado cuatro fallecimientos más
La trágica muerte de Ibai, el joven de sólo 24 años que falleció la semana pasada en la planta de Tubacex en Llodio, ha vuelto ... a traer al primer plano la crueldad de los accidentes laborales en Euskadi. La siniestralidad ha disminuido en las últimas décadas, pero sigue habiendo demasiados trabajadores que no vuelven nunca a casa tras precipitarse al vacío, sufrir una descarga o verse atrapados en una máquina. Dramas como el de Ibai lo recuerdan: acababa de conseguir un contrato como eventual tras recibir formación dual; tenía una vida por delante que se truncó al caerle encima una pieza. Sólo en lo que va de año se contabilizan 18 fallecidos en el trabajo en Euskadi, la mitad traumáticos y la otra mitad no traumáticos debido a infartos, ictus o derrames.
Los accidentes suscitan muchas preguntas. ¿Cuáles son las causas? ¿Es la precariedad la principal de ellas? ¿Son responsabilidad del empresario? ¿Cómo se sancionan? Empezando por el final, la directora de Trabajo del Gobierno vasco, Elena Pérez Barredo, aporta los datos más recientes. Según explica, el año pasado, cuando se produjeron 169 accidentes graves y 34 muertes en jornada laboral, los inspectores levantaron 177 actas de infracción con propuestas de sanción a las empresas por un importe total de 973.574 euros. Sale a una media de 5.500 euros. La propia directora reconoce que es una cifra baja. «Soy partidaria de endurecer la ley de sanciones», confiesa. Las faltas leves se castigan con hasta 2.045 euros; las graves, con 40.985 euros máximo; y las muy graves llegan a 819.780.
Hasta mayo de este año se habían levantado 85 actas de infracción con un importe de sanción total de 480.920 euros. Además, se habían realizado 38 requerimientos para mejorar la prevención. En esos cinco meses se acumulaban ya 65 accidentes graves y 14 muertes en jornada laboral, sin contar la siniestralidad 'in itínere'.
El protocolo de actuación es el siguiente. Cuando se produce un accidente grave o mortal, al lugar se trasladan un inspector de Trabajo y un técnico de Osalan. Los dos hacen sus investigaciones e informes en perfecta simbiosis.
«Contamos con 75 profesionales (ingenieros, arquitectos, médicos...) que realizan el análisis científico técnico», explica Alberto Alonso, director de Osalan. Pone un ejemplo: «En el caso del trabajador que falleció en Zarautz al desplomarse la grúa a la que estaba subido, analizamos por qué se vino abajo».
Los inspectores de Trabajo realizan su propia investigación y se centran, sobre todo, en los aspectos normativos. Con sus conclusiones y el informe de Osalan (que suele tardar entre tres o cuatro meses), levantan acta de infracción si observan incumplimientos en la adopción de medidas de seguridad y proponen una sanción, que deberá ser confirmada por la Delegación de Trabajo. La resolución suele retrasarse años debido a los recursos.
Pena de cárcel
En el caso de los accidentes mortales el proceso se complica debido a la judicialización. Entonces, tanto los inspectores como los técnicos de Osalan suelen tener que testificar para ayudar al juez a determinar las responsabilidades, que pueden ser penales o civiles.
Por ejemplo, el administrador de la empresa Lan Ondo fue condenado por homicidio imprudente a un año de cárcel por el accidente mortal ocurrido en las instalaciones de la UPV/EHU. Al trabajador, que cayó al vacío desde una cubierta acristalada, no se le habían dado medios de protección ni formación; tampoco estaba dado de alta en la Seguridad Social ni contratado como autónomo. La sanción administrativa en aquel expediente fue de 250.000 euros.
Por la vía civil lo habitual es que la familia o el propio trabajador pida un recargo de hasta el 50% en las prestaciones a las que tiene derecho por las secuelas del accidente. Son procesos que se tramitan en los juzgados de lo Social y que pueden demorarse entre dos años y medio o tres. También en estos casos se echa mano de los informes de la inspección y Osalan. «El acta de la inspección es para el juez como el atestado policial», explica Pérez Barredo.
Discrepancias
Todavía es pronto para saber que responsabilidades se derivarán de los accidentes acumulados este año. Según los datos de Osalan, la cifra de fallecidos se eleva a 18, con uno de ellos en duda sobre su catalogación como accidente laboral (se trata del trabajador de ArcelorMittal que sufrió un infarto en enero). Al margen de futuras sanciones, sí se pueden sacar conclusiones de su análisis, si bien el director de Osalan, la patronal y los sindicatos no coinciden en muchas de las valoraciones.
De los 18 fallecidos hasta ahora, la mitad han sido por accidentes traumáticos como caídas de altura o aplastamientos; y la otra mitad se han debido a infartos, derrames o similares. «En este tipo de casos no traumáticos no hemos podido establecer vínculos entre la muerte y, por ejemplo, el estrés que la persona podía sufrir. Es habitual que el fallecido presente factores de riesgo propios como fumar en exceso o sobrepeso», explica Alonso. Los sindicatos, sin embargo, no han dudado en vincular la muerte del jefe de máquinas de Remolcadores Ibaizabal al turno de 48 horas que estaba realizando.
En los nueve accidentes traumáticos las causas son más evidentes, aunque luego haya que entrar en un estudio exhaustivo para establecer si faltaban medidas de seguridad y depurar la responsabilidad de cada cual. Las caídas de altura, los aplastamientos y las descargas eléctricas siguen siendo los grandes peligros para el trabajador, «accidentes laborales del siglo XIX en pleno siglo XXI», según el director de Osalan. Añade que en los últimos años se ha disparado la siniestralidad entre los taladores de pinos debido al «ritmo con el que se quiere talar para salvar los árboles del hongo que les infecta». En este año ya han fallecido dos trabajadores forestales, uno en Zestoa y otro en Muxika, y en el pasado ejercicio fueron cinco.
¿Está la precariedad detrás de los accidentes laborales? La responsable de esta materia en Confebask, Amaia López Iriondo, cuestiona que se pueda establecer una relación entre la calidad del empleo y las muertes en el trabajo. Se apoya en la edad de los fallecidos. «La mayoría supera los 43 años. Eso denota una experiencia», apunta.
Los sindicatos no lo ven así. «La precariedad afecta a todas las edades. Se hacen contratos por horas y no se pierde el tiempo en formación», apunta Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral de CC OO Euskadi. En este sentido señala el aumento de la siniestralidad en las carreteras debido a los ritmos que se exigen a repartidores y camioneros. El año pasado se contabilizaron diez fallecidos en carretera durante la jornada laboral (no 'in itínere'), entre los que figuraban dos empleados de Correos que, según sus compañeros, estaban expuestos a una creciente carga de trabajo y de presión por ir rápido, asegura Ríos.
No hay estadísticas concluyentes con los accidentes mortales, pero en la suma total de siniestros sí se observa que, por ejemplo, la incidencia es mayor entre los jóvenes y entre los eventuales frente a los indefinidos. De hecho, un tercio de los accidentes se producen en el primer año.
El director de Osalan, Alberto Alonso, parte siempre de la base de que «la culpa es del empresario porque es el responsable de la seguridad del trabajador».
– ¿Y si el trabajador no quiere adoptar las medidas de seguridad?
– Entonces que el empresario le sancione, pero es su responsabilidad.
Con todo, añade que entre los trabajadores persisten «ideas tan peligrosas» como que «el macho ibérico no tiene que atarse en la obra». Los hombres son los que más sufren los accidentes graves y mortales por su mayor presencia en sectores como la construcción y la industria, señala Alonso, pero alerta de que las mujeres se ven más afectadas por otros riesgos como los psicosociales y los accidentes 'in itínere': «No paran de correr para llegar a todo».
La responsable de Confebask incide en que la siniestralidad ha bajado de forma clara en las últimas décadas. El número de fallecidos en el trabajo se ha reducido un 60% desde el año 2000, y aunque los accidentes han repuntado con la recuperación económica la evolución en el tiempo es positiva. «Y eso es fruto de que ha mejorado la conciencia de empresarios y trabajadores», afirma. Pero reconoce que queda camino por recorrer y la muerte de Ibai lo recuerda.
600.000 euros, la multa más alta en los últimos años
La sanción más alta que se ha impuesto por un accidente laboral en los últimos años recayó en la alianza integrada por las empresas EBA (Eraikuntza Birgaikuntza Artapena) y San José, que participaron en la construcción de la clínica del IMQ en Zorrozaurre. La autoridad laboral les sancionó con 600.000 euros por su responsabilidad en la muerte de un trabajador en agosto de 2011. Al operario, que se encontraba a pie de calle, le cayó encima un palé que manipulaba una grúa a 15 metros de altura.
La resolución con la multa se produjo en 2017, lo que da una idea de la demora en hacerse firmes. Todas las infracciones muy graves deben publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco y quedar recogidas en un registro. Así lo aprobó el Gobierno vasco a finales de 2012.
En el listado constan 11 sanciones confirmadas por infracciones muy graves y de ellas cuatro superan los 100.000 euros. Además de la ya citada, hay otra de 340.000 euros (repartida al 50% entre Ferrovial y Michelin) por el fallecimiento de un operario en 2016 aplastado por un molde de ruedas gigantes.
Aparte de los 250.000 euros impuestos a Lan Ondo por el accidente en la UPV, la otra sanción más alta (120.000 euros) se aplicó a Sidenor por un trabajador de Pine que falleció por una descarga eléctrica en 2014.
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