La multa de la Seguridad Social complica la conversión del Barakaldo en sociedad anónima

Este es un trámite que en años anteriores se celebró a finales de ese mes y que, según fuentes de la junta gestora, en esta ocasión también podría tener lugar por esas fechas. Es todo lo que desde ese órgano indican hasta ahora, y mientras no se pronuncie, todo el mundo declina hacer comentarios, aunque coincide en que una deuda tan cuantiosa con la Seguridad Social, de confirmarse definitivamente, pesaría como una losa sobre el Barakaldo, y lo haría en un momento delicado, con un presupuesto para la temporada 2018/2019 de cerca de 900.000 euros y después de que los socios aprobaran en abril pasado convertirse en una sociedad anónima deportiva (SAD).

Ese proceso, en el que hay que realizar una auditoría, atravesaría dificultades si sobre el club recayera una onerosa sanción. Porque al capital social que puede considerarse necesario para que el Barakaldo arranque como SAD -una suma que debe recibir el visto bueno del Consejo Superior de Deportes- habría que añadirle el posible pasivo que ha asomado ahora de repente, lo que podría incidir en el ánimo de potenciales accionistas.

Entre estos últimos ya había dado un paso meses atrás el grupo de socios encabezado por Jesús María Isusi, exdirectivo del Barakaldo entre 2005 y 2011. Ese colectivo expresó su disposición a aportar un millón de euros para la conversión de la entidad fabril en SAD y dotarla de capacidad financiera para intentar ascender a la Segunda División, un logro que no ha podido conseguirse en los play-off de este año. Fuentes de ese grupo tampoco han querido comentar la reclamación de la Seguridad Social, a la espera de conocer la información que la junta gestora pueda facilitar en las próximas semanas sobre este asunto.

La propuesta de sanción al Barakaldo comprende una temporada, la 2014/2015, en la que el presidente fue Alberto Romero, y también las tres siguientes, cuando ese cargo lo ocupó Orlando Sáiz, el mismo que actualmente preside la junta gestora. El club fabril no es el único que ha recibido el toque de la Seguridad Social, ya que el Amorebieta ha competido esta temporada en Segunda B soportando una reclamación suya de 206.000 euros, lo que obligó a la junta a solicitar un preconcurso de acreedores.

Según explicó el presidente de ese club, Jon Larrea, se trata de «un mecanismo legal, obligatorio cuando una entidad no puede satisfacer sus obligaciones económicas y que proporciona al club en dificultades un periodo de tiempo para poder hablar con los acreedores y diseñar un plan que haga viable su futuro».

Todos estos casos se inscriben dentro de un incremento de las inspecciones de la Seguridad Social en los clubes del fútbol modesto, relacionado con las mayores obligaciones que les acarrea la cada vez mayor profesionalización de las plantillas. En ese escenario, los responsables del Barakaldo no han ocultado su preocupación. El club afronta un verano que se antoja decisivo para su futuro.