Trabajo detectó irregularidades contables en la gestión de anteriores directivas del Barakaldo C.F.

Los inspectores llegaron a la conclusión de que «se evidencia la intencionalidad de la empresa (la entidad fabril) de ocultar las bases de cotización que realmente correspondían a cada trabajador». Y añadieron que los antiguos dirigentes no les enviaron los contratos deportivos que se les pidieron y aportaron «datos erróneos o incompletos» en sus explicaciones.

Siete meses después de la redacción de este dosier, la junta presidida por Orlando Sáinz se disolvió y convocó elecciones al concluir su mandato. Para entonces ya se sabía la delicada situación económica del club, cuya deuda con la Seguridad Social supera el millón de euros. En un principio no hubo candidatos, pero ante la amenaza de que el Barakaldo desapareciera, un grupo de socios encabezado por Jesús María Isusi tomó el mando como gestora.

La gravedad de la crisis era de tal magnitud que la entidad se declaró en concurso de acreedores y quedó en manos de un administrador. Este proceso ha concluido esta misma semana tras llegar a un acuerdo por el que el club tendrá que hacer frente a la deuda, más de 1,2 millones de euros, en los siguientes diez años. La liquidación de esa importante cantidad de dinero supone un hándicap para consumar las ambiciones deportivas de un equipo que, en caso de descenso, nublaría sus pretensiones de adquirir músculo financiero con la llegada de grupos de inversores.

Para elaborar su informe, Trabajo reclamó en varias ocasiones a los entonces responsables del Barakaldo una serie de documentos que justificaran que las cuentas estaban en orden. Los inspectores comprobaron que algunas cantidades vinculadas a los sueldos de los futbolistas y a sus dietas no habían sido incluidas en la base de cotización y exigieron a los dirigentes que justificaran esos movimientos.

Una de las explicaciones que ofrecieron los exdirectivos es que los jugadores usaban su propio coche cuando los partidos se disputaban en Bizkaia. Sin embargo, los autores del dosier subrayan que el Barakaldo «cuenta con autobús oficial, lo que vacía de contenido la afirmación de que los desplazamientos los realiza individualmente cada jugador en su vehículo particular». «No se identifican los desplazamientos efectuados por cada uno de los jugadores para cada mensualidad, ni se incluyen facturas justificativas de los gastos de manutención efectivamente aportados por los mismos. Únicamente se realiza una estimación global para todos ellos y para cada temporada. La suma de todos estos gastos, según cálculos de la empresa, asciende a 444.962,10 euros», concluye Inspección de Trabajo.

«En conjunto» el club declara que para las temporadas 2014/2015 a 2017/2018 «han abonado en concepto de salarios un total de 1.098.897,70 euros, considerando que de las mismas deben excluirse de cotización por los conceptos antes expuestos 613.042,10 euros (lo que supone más del 55% de las cantidades que, según declara la empresa, se han abonado». Los inspectores, sin embargo, dejan claro que «ninguno de dichos conceptos», en alusión a los mencionados desplazamientos, las dietas, las herramientras de trabajo y las pernoctaciones, además de otros relacionados con las ayudas al alquiler, «puede considerarse excluido de la base de la cotización».

En el apartado de gastos médicos, el dosier indica que desde el club se incluye un cálculo «estimativo global» que incluiría recuperadores físicos, nutricionistas, podólogos y psicólogos, además de gimnasio y piscina. «Se declara un total de 950 euros por jugador y temporada, ascendiendo la cifra total que la empresa considera excluida de cotización a 83.600 euros». Pero los inspectores advierten de que «no se aporta ningún tipo de factura» que acredite que estos gastos «son realmente soportados» por el futbolista y posteriormente compensados por el club.