La UEFA pierde una gran oportunidad

En el caso de Osasuna comprendemos la frustración y el enfado que se vive en Iruñea, y más ante el desigual trato dispensado respecto al club azulgrana, cuando hay una esencia común en ambos supuestos que tiene igual respuesta en los reglamentos futbolísticos. El mensaje de 'fuerte con los débiles y débil con los fuertes' que han lanzado los rojillos es muy potente, y no hace sino abrirse paso en la opinión pública con la ley del embudo que parece aplicarse. La UEFA se encontraba, desde su autoridad, en un cruce de caminos para asentar su autoritas, que es cosa distinta.

Diríamos que estaba ante una excelente oportunidad de hacerse respetar. Y la va a desaprovechar. Cierto es que entre el caso Osasuna y el caso Barcelona-Negreira hay diferencias, y así se han encargado de subrayarlas desde la ciudad condal para indisimuladamente llevarse por delante a los pamploneses y salvar (aunque sea por el momento) el cuello propio. En el expediente navarro hay desde el pasado enero una sentencia judicial firme, que no condena al club en lo penal (subrayamos el orden jurisdiccional) pero que sí consagra como hechos probados el que sus principales dirigentes emprendieron y consumaron a favor del club (subrayamos, del club) una compra de partidos en la competición española.

Si podía sorprender la ausencia de un procedimiento doméstico en el ámbito administrativo-deportivo, confluente o consecuencia del penal, todavía nos deja más perplejos que en estos días la RFEF pretenda vanagloriarse de no haber movido un dedo, y que acuse a la Liga de hacerlo. Inaudito, y sólo explicable en el marco de la cruzada eterna Rubiales-Tebas, que aburre y exaspera a los ajenos a esa obscena lucha por el poder.

Lo del Barcelona es distinto, pero no debiera serlo a los efectos de la decisión actual de la UEFA. Hay un procedimiento judicial en España, no cerrado, por acciones (más que eventuales por lo que públicamente ya se conoce) de influencia, al menos, en la designación de árbitros, a través del pago al vicepresidente del comité arbitral de más de 7 millones de euros durante un largo período de tiempo, con la justificación por parte del receptor de los abonos (cuestionado sobre ello en investigación de la hacienda estatal) de que era «para asegurar al Barcelona la neutralidad» en la actuación de los trencillas. No hay sentencia, es cierto, pero sí evidencias más que suficientes para que la UEFA tomara cartas en el asunto, como ha hecho con brazo de hierro en anteriores casos, en atención a lo que desde 2007 conduce su marco legal.

Porque la norma de la UEFA (habrá que recordarlo las veces que haga falta) castiga con la no 'elegibilidad' para sus torneos a los clubes que estén involucrados directa o indirectamente en actividades encaminadas a influir en los resultados de las competiciones, sin prescripción de hechos y con independencia de que existan o no resoluciones que lo acrediten formalmente en sus respectivos países. Por eso el Barcelona debería ser excluido, ya en este momento procesal, de la Champions. Y en mayor medida cuando se produce la inevitable comparación con el caso del débil de la misma Liga.

La UEFA, a punto de recibir un espaldarazo por parte de la justicia europea a su monopolio en el fútbol y en su sector económico, tenía una ocasión de oro para demostrar su real fortaleza. Ante el débil y también ante el poderoso. No cuadra hablar del «mayor escándalo que he visto en mi trayectoria en el fútbol» para que ahora tiemble el pulso. Credibilidad, Ceferin.