Vecinos de Bilbao La Vieja instalan puertas anti-okupa, rejas y cámaras contra las intrusiones

Los agentes están preocupados porque «cada vez hay más ocupaciones», según admitió el concejal de Seguridad, Tomás del Hierro. Las mafias rastrean la ciudad en busca de pisos en los que colarse. Los carteles de venta en las ventanas, los anuncios en portales inmobiliarios o sus propios contactos les dan pistas. Colocan papeles pequeñitos, plásticos o hebras de pegamento en las puertas en lugares poco visibles para marcar las propiedades que pueden robar o allanar. Destrozar la cerradura suele ser uno de los métodos más habituales, aunque también pueden entrar por ventanas, balcones...

Algunos okupas emplean estas propiedades ajenas para vivir, otros para fines ilícitos: vender droga o alquilarlos ilegalmente a otras personas. Se arriendan hasta los rellanos. En el histórico y mestizo barrio San Francisco hubo 12 denuncias por ocupación ilegal en los dos últimos años. Situado junto a la futura estación del AVE, hay una alta tasa delictiva y «pudiera ser que algún tipo de organización» dedicada de manera específica a esta actividad. Los vecinos de toda Bilbao La Vieja denuncian la existencia de lonjas y viviendas ocupadas en las que se vende droga y que son focos de conflictos. Hace bastante tiempo que comenzaron a protegerse de okupas y ladrones con las medidas que el Área de Seguridad del Ayuntamiento va a empezar a divulgar en las zonas más afectadas por este fenómeno. Abundan las puertas anti-okupa, que dificultan su apertura sin llave en lonjas en las que previamente ha habido «problemas», aunque también las hay en pisos que recibieron la visita de intrusos. En algunos casos, los propietarios también utilizan sistemas anti-intrusión en balcones y ventanas.

Otros apuestan por las puertas blindadas o acorazadas. Cuestan entre 1.000 y 2.000 euros. Por ejemplo, una de las comunidades de la calle Vitoria-Gasteiz está pendiente de la llegada de una «remesa» de varias después de que allanaran sus domicilios. En uno de los casos, la dueña estaba dentro y vio agujerear su puerta con una troqueladora. Candados, alarmas, rejas y cámaras de videovigilancia (que permitieron grabar el atraco a dos ancianas en su propio portal) son otras «herramientas». Y hay muchas propiedades, directamente, tapiadas. «Al menos así dormimos tranquilos. Te evitas problemas», exponen los residentes.

En esta zona que querían convertir en el Soho de Bilbao se venden pisos con encanto por menos de 120.000 euros. «A nadie le gusta encontrar a gente durmiendo en su rellano. Las familias con niños se acaban marchando. Las señoras mayores no salen a partir de las siete de la tarde», alegan. Tampoco las administraciones públicas se libran de los intrusos. Una joven bilbaína de 31 años ha tenido que renunciar a su piso de alquiler social -en el número 3 de la calle Ortutxueta, muy cerca del Hotel Gran Bilbao- porque la Administración no podía entregárselo ya que había un okupa dentro. El área de Vivienda del Gobierno vasco reconoció que había tenido también en una lonja de Barakaldo y en un piso en Santurtzi.

Los pisos más susceptibles de ser ocupados son aquellos vacíos y que además están en bloques en los que no vive nadie. Y es que la ley es menos garantista para el okupa cuando el domicilio en el que ha penetrado es la vivienda habitual de otra persona que cuando es su segunda residencia o una propiedad vacía. En el primer caso, existe un delito de allanamiento y la Policía puede sacarles de inmediato. En el segundo, los okupas prácticamente tienen más protección que la persona o entidad jurídica que ostenta la propiedad.

Entonces, hay que iniciar un procedimiento de desahucio, que puede costar entre 2.000 y 4.000 euros, según el impreso que buzoneará el Ayuntamiento. El propietario debe también asumir los desperfectos. Aunque los reclame, hay pocas posibilidades de que los recupere. «Algunos seguros ayudan a pagar parte de estos gastos», explica el Consistorio. Otra posibilidad es recurrir a alguna de las empresas que se ofrecen a «mediar» con los ocupantes. Depende de la prisa que exista de recuperar el inmueble y de su propio valor.

Desokupa, la empresa fundada hace tres años por Daniel Esteve, es la líder de España en desalojos. Su método de trabajo consiste en mediar con los intrusos, quienes a menudo aceptan marcharse a cambio de una cantidad. Como Esteve, sus empleados son fornidos y expertos en seguridad cuya presencia, impone, cuanto menos, respeto. Tienen más de 200.000 seguidores en las redes sociales, aunque también detractores, que les acusan de «coaccionar» a los okupas.

-¿Les llaman mucho desde Bilbao o desde Euskadi?

-La verdad es que no. Llevo 2.700 desocupaciones y habremos hecho 15 en toda Euskadi. Ahora mismo estamos trabajando allí, en Bilbao. Ya hemos alcanzado el acuerdo de salida con un individuo para que se vaya aunque en este caso es un inquilino que ha dejado de pagar pero que allí se queda, algo que desgraciadamente se ha puesto muy de moda. En el norte y en Sevilla es donde menos trabajamos. Nos llamaron una vez para un tema muy sonado en un pueblo muy conocido. Un colectivo potente de niñatos se metió en un edificio y ahí se quedaron. Al final no nos contrataron. Pero sin haber hecho muchos operativos allí, somos muy conocidos. A mí ya me han amenazado.

-¿De dónde vienen las mafias?

- Los okupas son de todas partes. Donde más trabajo tenemos es en Madrid, Málaga y Barcelona. Ahora las ocupaciones de personas de origen magrebí están subiendo porque llegan más de ahí abajo. En Hospitalet de Llobregat hay muchos dominicanos, en El Raval hay muchos filipinos, en el barrio de Grácia antisistema catalanes... Y por todas partes hay árabes, paquistaníes, gente del Este...

- ¿Por qué crece el problema?

- Se dice que hay 150.000 viviendas ocupadas en España. Yo llevo 2.700 desocupaciones y tengo 300 llamadas al día, más correos de trabajo. Hago35 a la semana. Pero de cada diez casas que recuperas, ocho las vuelven a ocupar. Es el pez que se muerde la cola.

Olga Rodríguez trabaja en Iuris Abogados, donde atiende casos de intrusión. El proceso para echarles, asegura, puede demorarse entre nueve meses y un año, en función del trabajo acumulado en el tribunal que corresponda.

-¿Defienden a muchos perjudicados por esta cuestión?

- Es un tema recurrente en el despacho, sobretodo en segundas residencias, o por propietarios que han puesto su casa en alquiler y después sus inquilinos dejan de pagar y se convierten en okupas. También hay gente que ha tenido que entrar por necesidad y que tenían la casa muy limpia cuidada, y entonces intentas llegar a un acuerdo. Lo de la ocupación es más viejo que el hilo negro. Los propietarios lo pasan muy mal porque no pueden hacer nada. Muchos quieren tirar la puerta abajo y ya está, pero es que eso no se puede. Se arriesgan a que la persona ocupante les denuncie por coacciones o por amenazas. Los ocupantes tienen derechos y la Policía no está legitimada para echar a nadie si no hay una orden judicial. El okupa ejerce la posesión, que es un título jurídico.

-¿Qué hay que hacer entonces?

-Si tu casa es tu residencia habitual, te has ido de vacaciones y te entran, la Policía les echa por allanamiento de morada, lleven el tiempo que lleven dentro, porque es un delito flagrante. La diferencia está en si la casa ocupada es tu vivienda habitual o no. Si es tu casa del pueblo, de vacaciones o una herencia, el propietario ya no tiene la misma protección. Primero hay que confirmar que hay gente dentro. Hay que llamar a la Policía, que levanta un parte de incidencias y con eso, hay que ir al juzgado y presentar una demanda con procedimiento de desahucio. Puede pasar un año hasta que la comitiva judicial recupera la vivienda. Los destrozos se reclaman aparte, pero hay que probar con facturas o fotografías que había un sofá o una tele, que la bañera y la cocina estaban intactos...