«Solo una dirección IP no basta para saber quién se ha bajado una película»

El letrado estudia las cartas y «al menos dos procesos judiciales ya abiertos por misivas anteriores a las que no se les hizo caso». Y reconoce que el origen jurídico de estas reclamaciones «que son reales, nada de estafas», puede estar en las modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual y de Enjuiciamiento Civil en 2014. Antes, exigir una dirección IP (como el DNI virtual) de un usuario solo se podía en «delitos graves», pero entonces se abrió otra vía para cuestiones «civiles».

Sin embargo, el letrado cree que el salto dado por la Audiencia Provincial de Bizkaia al exigir estos datos a la operadora Euskaltel está en el centro del huracán, ya que esa sentencia desató este reguero de cartas. «Es una cuestión de principios que puede afectar a la Carta Europa de los Derechos Fundamentales, y en concreto a los de la intimidad y las comunicaciones», matiza.

También considera excesivo que sólo con la dirección IP se pueda acusar a alguien de 'pirateo informático'. A su juicio, esta prueba «no basta para saber a ciencia cierta quién se ha bajado una película de internet». Y puntualiza que un wifi particular puede haber sido usado por terceros, con permiso o sin el. «Y no olvidemos que los títulos por los que se piden estos pagos no fueron taquillazos, y no sabemos por qué piden esa cantidad, y ni siquiera quién fue el primero en colgarlos en la web. ¿Y si lo hizo la propia productora? Hay mucho que analizar», concluye.