El auge de las cooperativas de vivienda dispara las alertas del Gobierno vasco para su control

Ese escenario, que es el de las cooperativas de toda la vida, regresa periódicamente al sector inmobiliario después de los batacazos. Y por eso ha llamado la atención de las administraciones públicas. Si en 2008 sólo una de cada veinte viviendas protegidas se edificaban en Euskadi con esa fórmula, en 2014 fueron una cada tres (500 sobre un total de 1.400 en números absolutos, según el Observatorio Vasco de Vivienda). En realidad, tal ascenso debe matizarse, puesto que actualmente se ponen en marcha menos promociones de calificación pública que antes. Pero hay que preguntarse si el volumen de edificación de la 'burbuja' no es una referencia un tanto absurda; además, la cooperativa -que gusta a los bancos porque transfiere el riesgo a los socios- también se está aplicando ahora en el mercado libre.

No existen datos oficiales sobre el número de pisos libres puestos en marcha en cooperativa, pero existe otro indicador: en 2014 se crearon 350 sociedades de ese tipo para construir vivienda en Euskadi, casi el doble que en 2004. La tendencia creciente es palpable en el territorio de Bizkaia, donde el año pasado casi una de cada cuatro cooperativas era de pisos. Así se explica que el sector inmobiliario esté detrás de casi la mitad de las consultas que llegaron en 2014 al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi para prevenir conflictos.

Los principios en juego

Ello ha hecho saltar algunas alarmas en el Gobierno vasco, donde se trabaja en una ley de cooperativas y donde llegan voces de que es conveniente intensificar el control. Un estudio del Observatorio de Vivienda, organismo dependiente del Ejecutivo autónomo, informa de que algunas promotoras convencionales se están dedicando a captar cooperativistas para obtener financiación bancaria y porque las administraciones públicas lo exigen al licitar promociones protegidas. Esas empresas, alerta el Observatorio, no funcionan necesariamente como las gestoras de cooperativas que han existido siempre -impregnadas de una filosofía muy definida-, sino que habrían entrado en el sector a título meramente instrumental, para movilizar suelos y vender pisos, y «sin responder en todos los casos a los principios cooperativos de participación e implicación de los socios».

El informe va un paso más allá. El hecho de que estén surgiendo más cooperativas en el País Vasco en el sector inmobiliario no ha causado hasta ahora escándalos de «gran impacto económico o social». Pero los expertos a los que ha consultado el Observatorio no las tienen todas consigo. Y no descartan -«no resulta improbable», dicen exactamente- que en el futuro puedan producirse «situaciones no deseables, asociadas a promociones que no hayan respondido a las expectativas y a los principios que deberían haber regido las cooperativas y que terminen en los tribunales».

¿Conclusión? En principio, el Observatorio de Vivienda recalca que -pese a algunos fiascos- la cooperativa es una herramienta útil para edificar con calidad. Y recuerda que ha permitido que «un número considerable de ciudadanos» de Euskadi haya conseguido una casa «a un precio reducido». No obstante, recoge la advertencia de los expertos, las instituciones vascas deben asumir «algún cierto grado de supervisión, seguimiento y alerta previa» en este asunto, ya que la sociedad cooperativa es, como mínimo, un ámbito especializado y complejo.

A su modo de ver, «es fundamental la labor de las empresas y consultoras» a fin de asegurar algo básico: que se aplican buenas prácticas y se respetan «los derechos y obligaciones de los socios de cada promoción».