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Menos mordazas y más educación

Perseguir delitos de opinión, dejar que los poderes políticos decidan qué películas vemos, qué libros leemos, qué tipo de humor es aceptable, abre la puerta a la represión ideológica

Edurne Portela

Martes, 4 de abril 2017, 00:35

Desde que se desató la polémica en torno al programa de ETB 'Ni euskalduna naiz, eta zu?' varios acontecimientos han desplazado la atención de los medios (el desarme de ETA, el nuevo atentado terrorista en Londres, Trump siendo Trump, la cuenta atrás del Brexit, etc). Una vez pasado el calor del momento, conviene pensar qué consecuencias tienen sucesos como este en nuestro ejercicio individual y colectivo de la libertad de expresión, un derecho cada vez más mermado como demostraron algunas reacciones privadas y públicas a este programa. A pesar de que los contenidos del programa me parecieron reprochables en el terreno ético y así lo expresé en un artículo anterior, una cosa es hacer un análisis de esos contenidos y evaluarlos dentro de nuestros parámetros de la ética o el buen gusto y otra es querer llevar esa indignación a los tribunales, pedir cabezas y boicots e implantar la censura previa como solución al problema.

Lo primero que tendríamos que plantearnos es si entendemos este derecho. La abogada Isabel Elbal señala en un artículo para el periódico La Marea (número 47) que la libertad de expresión, según nuestro Tribunal Constitucional, es «el derecho a exteriorizar una idea, pensamiento u opinión sin miedo al castigo». Es un pilar fundamental de todo Estado democrático y sirve a la formación de la opinión pública. Añade que es un derecho civil y humano, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; también que el Convenio Europeo de Derechos Humanos defiende que «no se debe castigar penalmente la opinión expresada, aunque esta sea desabrida, incómoda o disguste a muchos». Los chistes chuscos, la ridiculización del otro, las bromas sobre personajes históricos (ya sea Carrero Blanco, Franco o Jesucristo), pueden ser de mal gusto para unos o comentarios hilarantes para otros. Pero son eso, opiniones que como mucho se podrían perseguir legalmente por lo civil (es decir, si una persona ve ofendida su honor o su imagen, puede querellarse en contra de otra).

La cantidad de personas encausadas por enaltecimiento del terrorismo y por la 'Ley Mordaza' (Ley de Seguridad Ciudadana) muestra un panorama más que preocupante. En algunos casos se persiguen opiniones presentadas en las redes sociales en forma de chiste, en otros representaciones artísticas (desde teatrillo para niños hasta canciones). Los nombres son de sobra conocidos: los Tiriteros, Facu Díaz, César Strawberry, Candela Betancor, etc. Uno de los casos más absurdos es el de Belén Lobeto, quien fue multada por la Ley Mordaza por llevar un bolso en el que se leían las siglas ACAB, que según su dueña significaría «All Cats Are Beautiful» (Todos los gatos son bellos) mientras que la policía interpretó como «All Cops are Bastards» (Todos los policías son unos bastardos). ¿Quién tenía razón?, se preguntará alguno. A lo que yo contestaría: ¿De verdad importa? Muchas cosas nos pueden molestar, ofender, herir profundamente, sobre todo cuando provienen del odio, del racismo, del sexismo (aunque estas ofensas están, curiosamente, mucho menos perseguidas). Pero lo que necesitamos no es que a golpe de sentencia nos quiten del medio esas opiniones que nos ofenden, sino crear herramientas para saber gestionar esa ofensa, intentar criticar con la mayor conciencia y conocimiento posible su contenido, entender por qué nos hemos sentido ofendidos, por qué esa persona siente el impulso de hacerlo, qué diferencias culturales, éticas, políticas, nos separan. El debate público de obras o programas como el de ETB es también una oportunidad para educarnos. Porque, además, por mucho que supriman ese programa no van a suprimir la ideología que lo ha generado.

Perseguir delitos de opinión, dejar que los poderes políticos y/o la Justicia decidan qué películas vemos, qué libros leemos, qué tipo de humor es aceptable y cuál no, nos sitúa en una minoría de edad como ciudadanos y abre la puerta a la represión ideológica. Es cierto que en el caso de ETB, como organismo público, debería tener cierta conciencia a la hora de elegir ofrecer un programa, pero esas decisiones no deberían ser tomadas desde el miedo o la autocensura, sino desde una comprensión de la sociedad vasca actual y sus necesidades presentes. La solución no está en la censura (creo que deberían haber dejado el programa al completo en su web), sino en una educación que ayude al ciudadano, y a nuestros gestores culturales, a discernir entre lo que es éticamente positivo y lo que no, lo que nos ayuda a ser mejores ciudadanos y lo que nos atrinchera en guerras culturales destructivas.

Parte del revuelo político en torno a este tema me parece, además, hipócrita. El mismo partido político que denuncia a ETB es el que barrió de las escuelas la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la cual basaba sus contenidos en la aceptación de la diferencia y el respeto a todos los seres humanos, sin importar religión, nacionalidad, sexualidad, ni ninguna otra marca de identidad. La excusa fue que desde una educación de izquierdas se intentaba moldear ideológicamente a los niños (podríamos escribir mucho sobre la asignatura que el ministro Wert puso en su lugar o sobre las ayudas del PP a colegios concertados, pero esa es otra historia). La solución está, precisamente, en potenciar ese tipo de educación ciudadana; en inocular, desde la niñez, la empatía y el respeto a la diferencia. No en poner mordazas.

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