El Consejo de Seguridad Nuclear aplaza su decisión sobre la posible reapertura de Garoña

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado el aplazamiento de los asuntos relativos a la central de Garoña (Burgos) y al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta actividad, que tenía previsto abordar este miércoles durante su Pleno. Su aplazamiento a una próxima reunión, cuya fecha no se concreta, se hace de conformidad con las reglas del funcionamiento del Pleno, «como se hace habitualmente cuando se considera conveniente para la toma de decisiones y de acuerdo con el Estatuto del CSN», afirma un comunicado del máximo organismo regulador en materia de protección radiológica y de seguridad nuclear del país.

La decisión coincide poco tiempo después de que formaciones como Equo y organizaciones ecologistas denunciaran que durante este Pleno -que se reúne de forma ordinaria todos los miércoles-, el organismo quería volver a poner en marcha el proceso de reapertura de la nuclear burgalesa.

Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha afirmado que «sigue avanzando en los proyectos» de poner a punto la planta de acuerdo a las instrucciones y requisitos establecidos «a la espera de la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear». Así lo ha confirmado el director de comunicación de la planta atómica burgalesa, Elías Fernández, a Europa Press, tras conocerse que el pleno del regulador atómico ha aplazado a una próxima reunión el estudio de varias cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de funcionamiento requeridas a la central de cara a la posterior evaluación de la solicitud de Nuclenor de volver a producir electricidad hasta marzo de 2031, cuando cumpla 60 años de edad. Además, ha indicado que el personal de Garoña sigue realizando sus funciones con normalidad y que se están acometiendo las mejoras requeridas.

Garoña, el reactor más antiguo del país, se encuentra paralizado desde 2012 por decisión de sus propietarios, Nuclenor (participada al 50 % de Endesa e Iberdrola). En el comunicado de este miércoles, el Consejo de Seguridad Nuclear remarca que continúa evaluando la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la citada planta atómica.

Recuerda asimismo que Nuclenor presentó en 2014 una solicitud de renovación de autorización de explotación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que después fue remitida al CSN para su evaluación. Los asuntos aplazados este miércoles se refieren a una instrucción técnica sobre la aplicación al ATC de una directiva europea, la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento mejoradas de Garoña, cambios de diseño en sistemas eléctricos, aislamiento de su contención primaria y la ampliación de las condiciones de uso de un edificio de almacenamiento de dicha central.

«Al margen de la coyuntura política», el Consejo de Seguridad Nuclear, como organismo independiente del Gobierno, «continúa desarrollando de manera ordinaria su labor de evaluación y análisis de todos los asuntos de su competencia», añade el comunicado. En su sesión de hoy, el Pleno ha informado favorablemente de una modificación de Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de las centrales de Almaraz I y II relativa a las fuentes de corriente alterna, y ha aprobado la sustitución del vocal de Nuclenor en el Tribunal de licencias del CSN para la nuclear de Garoña, así como diversos expedientes de instalaciones radiactivas.

Greenpeace, contra la reapertura

Greenpeace ha instado este miércoles al Congreso de los Diputados a exigir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que detenga «el proceso de reapertura» de la central nuclear de Garoña (Burgos), paralizada desde 2012 por decisión de sus propietarios. Con motivo de la reunión de hoy del Pleno del CSN para debatir distintos asuntos sobre Garoña, la organización ecologista ha solicitado que no se siga adelante con la evaluación de la planta hasta «la formación de un nuevo gobierno», como ha indicado en un comunicado. Ha recordado, además, que en el nuevo Parlamento, 178 diputados se comprometieron al cierre de esta central, por lo que, en su opinión, la Cámara Baja está formada por una mayoría que «no quiere dar nuevas licencias a las viejas centrales».

Para la responsable de campañas de Greenpeace, María José Caballero, esta decisión «no tiene en cuenta» a las Cortes recién constituidas y recuerda que el CSN «ha de estar» bajo control parlamentario. Por otro lado, ha solicitado propuestas concretas de los líderes políticos con el medio ambiente para superar el retroceso medioambiental de los «últimos cuatro años». Según Caballero, las intenciones preelectorales deben dar paso a acciones para desarrollar medidas de protección del medio ambiente marino y terrestre.

Propone a los grupos parlamentarios del nuevo Congreso, la presentación de iniciativas para que el derecho a un medio ambiente saludable sea «un derecho fundamental» en la Constitución y ha subrayado que el cambio climático debe ser «un punto de encuentro obligado» para el nuevo Parlamento. La derogación del real decreto de autoconsumo, la paralización de los proyectos de prospecciones petrolíferas y de fracturación hidráulica («fracking»), así como alcanzar un modelo cien por cien renovable en 2050, son otras de las peticiones de la organización al nuevo Congreso.