Arrancar Garoña, una decisión política imposible

Ese era el escenario, muy simplificado, que los agentes implicados en este tema manejaban para esa noche. El nuevo Ejecutivo será el que decida si la central reabre o no, así que estaba en juego buena parte de su futuro. Pero la insólita incertidumbre en la que se ha sumido el panorama político nacional ha echado por tierra cualquier quiniela. En estos momentos, nadie se atreve a asegurar qué ocurrirá con la nuclear burgalesa. Y menos cuando en las próximas semanas van a entrar en juego posibles alianzas entre partidos en las que el futuro de Garoña -y por extensión del resto de centrales y de la energía nuclear en España- podría quedar relegado a las últimas líneas de cualquier acuerdo de gobierno.

Mientras el acertijo político se resuelve, Garoña seguirá parada. No produce electricidad desde las once de la noche del 16 de diciembre de 2012. Así lo ordenó su consejo de administración en respuesta a la decisión del Gobierno de establecer una serie de nuevos impuestos a los residuos nucleares. Fue una decisión voluntaria, algo así como un órdago que pretendía tensar la cuerda con el Ejecutivo de Rajoy. Era la época en la que el sector eléctrico español y el Gobierno disputaban una partida de ajedrez en la que estaba en juego el diseño de la política energética del país. Y ahí Garoña era un peón más. En este caso, sacrificable y ejemplarizante. Lo que ocurriera con la petición de Nuclenor de mantener abierta la planta más antigua de España -comenzó a operar en 1971- hasta los 60 años de vida se iba a aplicar al resto de nucleares.

Tras esos desencuentros que llevaron a la parada y posterior declaración de cese de actividad de la central burgalesa, Nuclenor y el Gobierno han reconducido sus relaciones hasta el punto de que si Mariano Rajoy se mantiene en La Moncloa, la planta volverá a operar. Y lo hará durante 17 años, hasta cumplir esas seis décadas de vida, dos por encima de lo inicialmente previsto. Así lo han dejado claro tanto el propio Rajoy como el ahora ministro en funciones de Industria y Energía, José Manuel Soria. Por eso desde el sector eléctrico se apostaba en las elecciones celebradas hace 15 días por una victoria holgada del PP. O al menos por una que, con el apoyo de Ciudadanos, le permitiera un gobierno estable. En el caso de Nuclenor, se juega mucho dinero. Busca que Garoña opere hasta 2031 porque es el plazo necesario para amortizar las mejoras que debe introducir en las instalaciones (más de cien millones de euros) para rejuvenecerla y los impuestos que deberá pagar, además de obtener beneficios.

Aunque la formación de Albert Rivera nunca ha sido clara en su postura sobre Garoña y la energía nuclear en general, portavoces autorizados han asegurado que ellos «no impedirán la ampliación de la vida de la planta», siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) lo apruebe. Quien sí ha dejado clara su postura ha sido el PSOE, quien en su programa electoral ha prometido el cierre paulatino de todas las nucleares una vez lleguen a los 40 años de servicio. Así que si gobierna Pedro Sánchez, Garoña no volvería a operar... O sí. En la patronal recuerdan que también Zapatero prometió antes de ser presidente el «cierre ordenado» de las centrales al llegar a la cuarentena, y luego no lo cumplió. Además, existe una corriente ciertamente poderosa dentro de los socialistas, en la que se enmarca Felipe González, a favor de la energía nuclear. Así que la única de las cuatro formaciones con capacidad de decisión que ha apostado sin ambages por la clausura de las nucleares es Podemos. Lo ha dejado claro en repetidas ocasiones. Si depende de ellos, Garoña n volverá a generar energía.

Pero los resultados salidos de las urnas ofrecen un panorama incierto para el futuro de la atómica. A la espera de posibles pactos o incluso de la opción cada vez más real de que se repitan las elecciones, la central de Santa María de Garoña continuará en un estado de impasse en el que nadie se atreve a aventurar qué ocurrirá. En algunos círculos políticos se había especulado incluso con una maniobra de última hora del Gobierno en funciones del PP, que podría tramitar de urgencia el permiso para la reapertura. Pero las fuentes consultadas por este periódico lo descartan. Todos insisten en que hasta que no se nombre un nuevo Gobierno la incertidumbre continuará.

Dinero perdido en mejoras

Es cierto que la decisión última sobre la posible reapertura de Garoña estará en mano del Gobierno correspondiente. Pero antes, el Consejo de Seguridad Nuclear deberá emitir un dictamen técnico vinculante (sólo en caso negativo) sobre si Garoña cumple con las normas para volver a operar y hacerlo hasta los 60 años: si el CSN dice que no, la central estará sentenciada, quiera lo que quiera el presidente de turno.

Cuando la empresa solicitó en mayo de 2014 renovar la licencia de actividad hasta 2031 (por 17 años, cuando hasta ahora las licencias se concedía de diez en diez años), el CSN dictó en una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) un total de 22 requisitos. Son las mejoras que Nuclenor debía introducir en las instalaciones para adecuarlas a las nuevas y más severas normas de seguridad derivadas, sobre todo, del accidente de Fukushima. Estos trabajos se agrupan en ocho grandes áreas, que van desde «la verificación del estado funcional y la integridad estructural de la vasija del reactor» hasta la sustitución del cableado de la planta o la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de gases. La empresa debe ejecutar buena parte de ellas a corto plazo; otras, sólo planificarlas de forma detallada, ya que requieren de una gran inversión que, si finalmente la planta no se abre, sería un dinero caído en saco roto.

Nuclenor ha ido realizando estas obras a un ritmo más o menos constante. Pero después del verano aceleró la ejecución con la clara intención de cumplir todas las exigencias y, por lo tanto, que el CSN emitiera su informe antes del fin de la pasada legislatura y así el Gobierno de Rajoy pudiera dar el visto bueno a la reapertura. A los 80 operarios temporales contratados para llevar a cabo los trabajos, se han unido en los últimos meses técnicos especializados procedentes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Entre ellos especialistas de General Electric-Hitachi, firma que diseñó y construyó la central, y que se han encargado de revisar el 100% de la vasija que guarda el reactor nuclear. En concreto, han inspeccionado las 97 penetraciones situadas en el fondo de la vasija, los huecos por los que se introducen las barras de control para detener el reactor de manera inmediata ante cualquier anomalía.

El CSN cuenta con inspectores residentes en Garoña que han ido supervisando estas mejoras. Además, Nuclenor ha ido entregando al consejo toda la documentación que acredita que cumple con los 22 requisitos. Ahora los técnicos de cada departamento la están evaluando y redactando el pertinente informe, que debe ser aprobado por el pleno del CSN. El primero de estos expedientes, referido a la «actualización de las curvas límite de presión y temperatura de la vasija del reactor», ya recibió el visto bueno a mediados del pasado mes de noviembre.

Está previsto que en las próximas semanas el resto de informes sean aprobados, hasta que finalmente el pleno del CSN redacte su dictamen técnico vinculante. Esa decisión estará en manos de cinco expertos: tres nombrados por el PP y dos por el PSOE. Hasta ahora todos los puntos referentes a Garoña han sido aprobados por 4 a 1, con el único voto contrario de la consejera Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente con Zapatero. Según todas las fuentes consultadas, esa correlación de fuerzas se mantendrá hasta el final, por lo que el dictamen del CSN sobre la reapertura de la central durante 17 años más será positivo.

Pero para que eso llegue a ser una realidad, hará falta un presidente del Gobierno proclive a ello en La Moncloa. Así que las dudas entre los trabajadores, vecinos y directivos de las eléctricas continuarán. «¿Y ahora qué?», se preguntan.