Sestao pierde un millón en ayudas de la UE por una deuda con la Seguridad Social

El objetivo de la administración local era ejecutar tres planes con ese dinero: sufragar los costes de adhesión al sistema de préstamo de bicicletas públicas de la Diputación (Bizkaibizi), la habilitación de un aparcamiento disuasorio bajo La Benedicta y la construcción de un bidegorri de conexión con Barakaldo y Portugalete.

En un principio, la solicitud se tramitó correctamente ante el Ministerio de Transportes. Se dio por preadmitida. Pero, al revisar la documentación aportada, los responsables del Gobierno central se percataron de que Sestao tenía una deuda, en ese momento, de 80.000 euros con la Seguridad Social. Estar al corriente de pagos con esta institución era uno de los requisitos indispensables para la aprobación definitiva y la entrega del dinero. Por este motivo, el Ejecutivo central denegó la subvención de 1,09 millones de euros.

La resolución se comunicó a finales de 2023. De los tres proyectos presentados entonces, el Ayuntamiento ha conseguido sacar adelante con medios propios o con un convenio con el sector privado (con la fábrica de Arcelor Mittal) dos de ellos: el aparcamiento (valorado en 50.000 euros) y la entrada en Bizkaibizi (126.000 euros), pero el bidegorri para enlazar con los municipios vecinos sigue esperando a que alguien inyecte dinero y lo construya.

La puesta en marcha de este carril bici está presupuestada en 913.000 euros y por ahora solo se han habilitado 141 metros. Se trata de un pequeño camino rojo que se ubica junto al antiguo Alto Horno número 1 y que nada conecta ni ningún ciclista utiliza, dada su escasa longitud.

Pero, ¿por qué el Ayuntamiento mantenía una deuda con la Seguridad Social? Fuentes municipales reconocen que se perdió la subvención europea pero que el Consistorio sí paga «regularmente, en tiempo y forma», las cotizaciones de sus trabajadores. «Aquello fue un hecho puntual», aclaran desde el Consistorio. «Todo vino por una sentencia judicial».

Al parecer, en el tiempo en el que se tramitó la ayuda, la Administración local mantuvo un pleito judicial con un trabajador. Esta persona desarrollaba su labor en el servicio de grúa municipal. Pero no figuraba en la plantilla del Consistorio, sino que se hallaba en nómina de una subcontrata. El empleado decidió denunciar al Ayuntamiento antes las autoridades laborales al entender que se estaba cometiendo un fraude de ley.

Los jueces acabaron dándole la razón y obligaron a Sestao a abonar a la Seguridad Social una serie de derechos, cotizaciones y recargos. La cifra rondaba los citados 80.000 euros. El fallo judicial daba de plazo hasta el 31 de octubre de 2022 para abonar esta cantidad. Fuentes municipales sostienen que pagaron 18 días antes de que el plazo expirara. Lo que sucede es que cuando el Ministerio comprobó el cumplimiento de los requisitos de las ayudas, el Consistorio de la Margen Izquierda figuraba como moroso ante el INSS. En el verano de 2023, la Administración local presentó alegaciones, pidiendo una revisión del caso. «Pero el Ministerio decidió que no daría marcha atrás», señalan las fuentes consultadas. «Si nos pareció que se tomó una actitud muy estricta porque la deuda fue algo muy puntual».