Una sentencia ya advertía en 2015 que la escombrera recibía vertidos ilegales

Se da la circunstancia de que el vertedero de Zaldibar, que el jueves se desplomó sepultando a dos trabajadores y colapsando la AP-8, sólo tiene autorización desde 2007 para gestionar residuos «no peligrosos» de origen industrial y el almacenaje de productos que contengan amianto. Es decir, Verter Recycling no estaba autorizado para recibir los PCBs, que durante años se utilizaron en aceites lubricantes, fluidos hidráulicos, resinas aislantes, pinturas y selladores de juntas de hormigón, entre otros.

La mención de que Verter Recycling acogía residuos peligrosos se recoge en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada a raíz de una sanción que el propio Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco puso a una empresa de Mungia en 2012. El Ejecutivo autonómico multó a esta firma por dos «infracciones graves», con multas que ascendían a 30.000 euros cada una. Una de ellas era relativa a la prevención y corrección de la contaminación del suelo y la otra se refería a la gestión de los residuos, después de que la empresa recibiese autorización para realizar una excavación de materiales «con presencia de contaminantes». Lakua multó a la empresa –que recurrió después la sanción a los tribunales– al comprobar que la excavación no se estaba realizando siguiendo los parámetros establecidos.

Y es aquí donde aparece la escombrera desplomada el pasado jueves. Según el fallo, la firma condenada llevó los bifenilos policlorados «al vertedero de residuos no peligrosos que Verter Reciclyng explota en Zaldibar». La sentencia también menciona otras irregularidades. Por ejemplo, habla de que el destino que se iba a dar a los residuos peligrosos era la planta de Sogarisa, en Galicia. Sin embargo, muchas sustancias tóxicas acabaron en otras escombreras; una de ellas en Toledo, «previo almacenamiento temporal» en las instalaciones de la localidad vizcaína.

Este vertedero, además, era conocido entre muchos transportistas como «el agujero», al parecer, por la «falta de control» a la hora de recibir y almacenar los residuos industriales.

Se da la circunstancia de que el dueño del recinto, José Ignacio Barinaga, ya se vio involucrado en 2012 en un episodio relacionado con la acumulación de residuos de forma irregular. En aquella ocasión fue el Ayuntamiento de Deba el que se puso en contacto con el Departamento vasco de Medio Ambiente para denunciar la existencia de «numerosas toneladas de residuos industriales depositados de forma irregular» en dos parcelas del polígono industrial de Itiziar.

Barinaga era uno de los socios de Julre, la sociedad propietaria de aquellas parcelas. En declaraciones hechas entonces a la prensa, el empresario esquivo toda responsabilidad y cargó contra los responsables de la firma Cayfer, a los que había «alquilado» los pabellones hasta hacía un año. El dueño del vertedero dijo que estaba «más que harto» de intentar conseguir que se llevasen los residuos de allí y afirmó que él mismo acudiría al Ayuntamiento para zanjar esa «incómoda y desagradable situación».