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Hace poco más de un año, el Gobierno vasco publicó un informe que señalaba los 41 municipios que podrían ser declarados tensionados, localidades en las ... que las administraciones públicas tenían la posibilidad de contener el precio de los arrendamientos con el fin de resolver el problema residencial. Eran zonas que cumplían con al menos uno de los dos requisitos que marca la Ley de Vivienda para intervenir el mercado: que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos superan el 30% de los ingresos familiares o que la vivienda se haya encarecido en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC. Más de doce meses después, el escenario ha cambiado en Euskadi, y también en Bizkaia.
Según un último estudio presentado este lunes por el Departamento de Vivienda, al menos seis nuevos municipios vizcaínos podrían solicitar la declaración de zona tensionada si lo quisieran. Son Derio, Gorliz, Elorrio, Lekeitio, Ermua y Sopela. En el caso de Bermeo, pasaría de ser tensionado parcialmente a poder intervenir el mercado en todo el pueblo. Sin embargo, otras cuatro localidades salen de la lista y por tanto, sus ayuntamientos dejarían de tener capacidad para controlar los precios. Hablamos de Etxebarri, Ortuella, Gernika-Lumo y Valle de Trapagaran. En total, además de Barakaldo y Galdakao, donde la medida ya ha entrado en vigor, son 17 los municipios en los que hay un claro desequilibrio entre la oferta y la demanda. Junto a los mencionados en estas líneas están Balmaseda, Basauri, Berango, Bilbao (la solicitud ya ha sido remitida al Gobierno vasco con el objetivo de que entre se apruebe en julio), Erandio, Ermua, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika y Urduliz.
Que haya municipios que ya no cumplan con los criterios que marca la ley nacional para que una ciudad pueda convertirse en tensionada no significa necesariamente que su situación residencial haya mejorado ni que el precio de los alquileres haya descendido. «Muchas veces salir o entrar en la lista es cuestión de décimas y no cambia la dimensión del problema», ha confesado el consejero de Vivienda, Denis Itxaso.
Entonces, ¿qué ha ocurrido? En pocas palabras, que las ciudades que cumplían hace unos meses por la mínima alguno de los criterios para limitar la subida de precios ya no lo hacen por «pequeños cambios residuales», como puede ser la construcción de una promoción pública. «Puede haber una localidad en la que según el informe del pasado año, la vivienda se encareció en los últimos cinco años 3,1 puntos por encima del IPC, y por tanto, cumplía las condiciones, y ahora esa puntuación haya descendido al 2,9 y se quede fuera», ha matizado el viceconsejero, Miguel de los Toyos. Los responsables autonómicos coinciden en que una «décima arriba o abajo no significa que haya que dejar de trabajar en la estrategia de vivienda» y piden a los ayuntamientos que «no se confíen».
El por qué se ha optado por desarrollar un nuevo informe está en la disposición de datos. El viceconsejero ha asegurado que la ley no establece una periodicidad, pero que el Observatorio vasco de la Vivienda ha optado por hacer un nuevo estudio en cuanto se ha valido de cifras actualizadas. ¿Esto significa que cada año irán entrando y saliendo pueblos de la lista? No necesariamente. De los Toyos asegura que aún no se ha decidido cada cuánto tiempo se publicarán los documentos y que en caso de las localidades que ya han sido declaradas tensionadas, la revisión se realizará cada tres años.
Además de los 11 municipios que ya han sido declarados zonas tensionadas o que están en trámite, como es el caso de Bilbao, en Euskadi hay otras 32 localidades en las que se podría topar los precios. En total, 43, que agrupan a más de 1,48 millones de personas o lo que es lo mismo, el 67,3% de la población de Euskadi.
El informe publicado por el Observatorio Vasco de la Vivienda ha tomado como referencia los datos sobre la renta disponible que proporciona Eustat, además de la evolución del precio de la vivienda que dispone el departamento. A diferencia de los primeros informes, además del alquiler, en esta ocasión también se ha tenido en cuenta la cuota que un vasco paga por la compra de un inmueble.
Durante la presentación, en la que también ha participado el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, Mario Yoldi, el consejero ha reivindicado el «modelo vasco» de vivienda en contraste con «otros impositivos» y ha recordado que el objetivo final es conseguir «salir de las zonas tensionadas». «El Gobierno vasco ha optado por un modo de hacer basado en el pacto con los ayuntamientos, que son los responsables de elaborar un plan trianual de acción para incrementar la oferta», ha sostenido. Y ha asegurado que el objetivo es que el índice de precios de referencia, el principal mecanismo para limitar el precio de los alquileres gestionados por grandes tenedores –en Bilbao hay más 700 particulares y empresas que controlan cerca de 3.000 inmuebles– o por propietarios que llevan más de cinco años sin sacar su inmueble al mercado, que las diputaciones siguen elaborando, esté listo en Bizkaia para julio. «El mes de mayo será trascendental para resolver el índice en Gipuzkoa y después en Bizkaia», ha revelado Itxaso.
El consejero también ha desvelado que este mes mayo habrá «novedades» respecto a la ley de medidas urgentes con la quieren «cumplir el objetivo político» de llevar este paquete de acciones durante el primer año de Gobierno al Parlamento y garantizando que antes de fin de año esté aprobada».
Además de actualizar las zonas en las que se podría contener los arrendamientos, el Gobierno vasco también ha presentado una nueva herramienta «orientada a ofrecer información clara, transparente, y actualizada» sobre esta medida. Una página web que recoge información sobre cada uno de los municipios declarados zonas tensionadas y los planes de acción comprometidos.
La herramienta servirá para conocer al detalle la evolución del mercado de la vivienda en las distintas localidades y analizar los precios de los alquileres por municipios.
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