Sabotean los equipos que analizaban los malos olores en una fábrica de Zorroza

Las mismas fuentes achacan estas «incidencias» al uso de «una nueva formulación de abonos» que habría utilizado la firma. En Medio Ambiente avanzan que comunicarán a la empresa «los problemas detectados a fin que no se repitan» y que «es una zona que requerirá de vigilancia específica». De hecho, reforzaron el control con «un equipo móvil» para tomar datos de la calidad del aire en la zona, pero el dispositivo sufrió la semana pasada «un robo y sabotaje», si bien «está reparándose».

La última inspección cuyo informe es público data del 12 de mayo de 2022, una visita programada en la que la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Ejecutivo vasco consideró que el grado de cumplimiento de la autorización ambiental era «alto». En el apartado de «incumplimientos constatados», no obstante, marcaban el ámbito de la «protección de la calidad del aire». En 2020 el resultado fue similar, mientras que en 2021, cuando los técnicos acudieron, como en esta ocasión, por una queja, además de en ese ámbito se detectaron problemas en «protección del agua, residuos, suelos y gestión ambiental y medidas preventivas».

Los residentes en las inmediaciones reclaman desde hace años «más implicación» institucional, especialmente del Ayuntamiento, que cuando presentan alguna queja les remite al Gobierno vasco. Reclaman la reubicación «cuanto antes» tanto de Profersa como de Sader, sociedad anónima de descontaminación y eliminación de residuos perteneciente al mismo grupo.

Estaba previsto que abandonaran esta zona en 2018. La paralización del Plan Especial de Punta Zorroza está detrás de estos retrasos, aunque en febrero el alcalde, Juan Mari Aburto, incidió en que «una vez que se apruebe (de forma definitiva), las empresas tendrán dos años para salir», algo que «deberá ocurrir hacia finales del mandato que viene», en torno al 2027.

Desde El Canal, asociación de vecinos de San Ignacio, lamentan que «sin mediciones, sin restricción de emisiones a la atmósfera y sin plan de mejora de la calidad del aire en Bilbao, nos ahogaremos diez años más».Sostienen que lo que les preocupa no es «el olor», sino «lo que se emite» al aire. En ese sentido, enumeran «monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, amoníaco y dióxido de azufre», lo que «puede tener graves efectos en la salud humana».

Profersa, por su parte, insiste en que su actividad «no genera ningún problema de salud pública ni de contaminación», como así «ha sido acreditado» por las «numerosas inspecciones» del Gobierno vasco, por «los diferentes estudios realizados por entidades acreditadas independientes» y «por los sistemas de autocontrol que la propia fábrica dispone». Afirman que «se trata de acusaciones sin pruebas» e insisten en que «los olores a gas no provienen» de la fábrica.

En ese sentido, señalan que «tanto los servicios de la Ertzaintza como los Bomberos» han acudido a la zona «tras recibir las quejas de los vecinos», pero que «al no detectar olor se han retirado». Denuncian que «han llegado quejas incluso cuando no estábamos produciendo» y achacan las llamadas a la «coyuntura electoral».