El primer centro de Euskadi para menores que pegan a sus padres se abrirá en un convento

La denominada violencia filio parental constituye uno de los delitos que más están creciendo en los últimos años en Euskadi. Según explica la directora de Justicia, Loly de Juan, en el último año ha aumentado el número de casos en un 30%. Las denuncias que recoge la Ertzaintza por los malos tratos en el ámbito familiar –el epígrafe en el que se incluyen estos casos– también evidencian una clara tendencia al alza. En los dos últimos años se ha pasado de 725 denuncias a 1.284. Es decir, se ha producido un incremento del 77% en sólo dos ejercicios. Y en 2018 el crecimiento ha sido del 14%.

Diversos expertos aseguran que, frente a los estereotipos que vinculan a estos chicos con entornos marginales, la mayoría de estos jóvenes pertenecen a clases medias-altas. Y señalan a la pérdida de autoridad parental como una de las razones que explican este incremento en el número de casos. También apuntan que muchos hijos menores que ejercen violencia contra sus padres han vivido también situaciones de violencia familiar. En este sentido, De Juan hace un llamamiento a la calma frente a la inquietud que pueden tener algunos vecinos de Areatza. La directora de Justicia insiste en que estos jóvenes presentan unos problemas muy determinados y que no se suelen mostrar «violentos con las personas de fuera» de su entorno familiar. Los responsables municipales de la localidad vizcaína prefirieron no hacer comentarios al respecto.

Este centro de internamiento de menores está considerado de nivel 2, donde los jóvenes cumplen medidas de reclusión y permanencias de fin de semana dictadas por los juzgados de menores del País Vasco. En Euskadi hay un único centro de máxima seguridad, de nivel 1. Es el de Zumarraga, donde cumplen condena los jóvenes que han cometido los delitos más graves, como homicidios y violaciones.

Hasta ahora, los menores sentenciados por violencia filio parental compartían espacio con otros jóvenes en otros centros de internamiento educativos de carácter general. En este caso, el convento de Santa Isabel será sólo para atender a los jóvenes que pegan a sus padres, lo que permitirá «liberar plazas» en otras instalaciones. El Gobierno vasco ha pagado 480.000 euros para hacer frente a gran parte de las obras de remodelación del edificio –que llevan desarrollándose durante los últimos dos meses– y abonará «unos 500.000 euros» al año a Berriztu para que gestione el recurso. De Juan explica que abrir un centro específico de estas características era también una de las peticiones que había realizado la Fiscalía del País Vasco.

Las medidas de internamiento son, en todo caso, la opción más extrema en estos casos. De hecho, las diputaciones cuentan también con diversos programas educativos para tratar de reconducir a estos jóvenes cuando se aprecian los primeros síntomas graves de agresividad.