El encarcelamiento de Ignacio González coloca a Esperanza Aguirre contra las cuerdas

Se ha rescatado estos días una antigua entrevista que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, concedió hace siete años a Ana Pastor, entonces en TVE. Confesó a la periodista que no pondría la mano en el fuego por nadie, «casi ni por mí mismo», dijo.

Esperanza Aguirre sí la puso... por él. Y le eligió como su sucesor en la presidencia regional, que ocupó entre 2012 y 2015. La implicación de González en la 'Operación Lezo', en la que se investigan presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, organismo que presidió entre 2003 y 2012, ha dinamitado por la fuerza esta confianza. No solo eso, ha colocado a Aguirre contra las cuerdas. El jueves la dirigente popular salió de la Audiencia Nacional, donde declaró como testigo en el juicio del 'caso Gürtel', al borde del llanto y «conmocionada» por la detención de González, que ha dormido dos noches en el calabozo.

El viernes el juez encarceló sin fianza a González, una decisión con consecuencias también para Esperanza Aguirre. La implicación del que fuera su mano derecha durante diez años en el Gobierno de la comunidad en una trama en la que se habrían desviado de la empresa de aguas de Madrid millones de euros coloca a la expresidenta en una situación francamente complicada. Y hace ya insostenible su argumento de que solo dos altos cargos «de los más de quinientos» que nombró le habían «salido rana».

Aguirre aseguraba ayer entre sollozos que nunca había hecho «algo incorrecto». «Siempre he buscado la mejor utilización del dinero del contribuyente. Jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta». Una declaración que no puede contener el tsunami que ha provocado la detención del expresidente madrileño, a quien Aguirre promocionó.

La detención de Ignacio González y el estallido del 'caso Lezo' viene a poner más en tela de juicio la elección que hizo Esperanza Aguirre de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos también se encontraban Francisco Granados, exconsejero de Presidencia y en prisión desde hace dos años y medio por la 'trama Púnica' y Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes implicado en la 'Gürtel' y para el que la Fiscalía pide 46 años de cárcel.