La confrontación se impone

El referéndum escocés permitió conocer la voluntad de los ciudadanos que acudieron a las urnas, donde el 55% expresó su decisión contraria a la independencia. Sabido es que en una parte de los que se inclinaron por el no influyó mucho el argumento de la permanencia en la UE, frente a la incertidumbre que generaba sobre esta cuestión la opción de la independencia.

En el referéndum celebrado en junio pasado en Reino Unido el 52% de los británicos votó a favor de salir de la UE, mientras que los escoceses optaron muy mayoritariamente con un 62% a favor de la permanencia. El hecho realmente paradójico es que la permanencia de Escocia en el Reino Unido de ser una garantía para que los escoceses siguieran siendo ciudadanos europeos ha pasado a ser la causa para la pérdida de dicha condición una vez se materialice el proceso de salida conforme ha decidido la Cámara de los Comunes. En esta decisión la práctica totalidad de los representantes elegidos en Escocia votaron en contra, dejando constancia de la imposibilidad de integrar la voluntad de los escoceses en una voluntad británica.

Ante esta situación la ministra principal de Escocia ya había anticipado que la mejor manera de defender los intereses de los escoceses es convocar un segundo referéndum que podría ser anunciado el próximo marzo, advirtiendo al Gobierno británico que cualquier intento de impedir su celebración sería una maniobra desastrosa. Con inmediatez inusitada el ministro de Defensa británico ha respondido que el Gobierno bloqueará e impedirá cualquier intento de convocar el referéndum.

En Cataluña, según recogen las encuestas, el 80% de la población es favorable a la celebración de un referéndum pactado entre la Generalitat y el Gobierno central. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy, amparándose en problemas de legalidad se opone a cualquier diálogo sobre esta cuestión. La gran diferencia entre el Reino Unido y España, en esta materia, es que mientras la unidad británica es divisible la española no lo es, aunque existan realidades políticas y sociales que cuestionan tal indivisibilidad amparándose en el principio democrático.

La ausencia de un cauce legal pactado para la celebración del referéndum ha llevado a los secesionistas en Cataluña a optar por la vía de los hechos consumados y la unilateralidad con un respaldo popular muy inferior al 80% antes referido y con una viabilidad práctica muy incierta. Por su parte, el Gobierno central ya ha anticipado que responderá a la iniciativa con medidas jurídicas y coercitivas. Todo apunta a que Rajoy ya tiene decidido activar el mecanismo del artículo 155 de la Constitución. Visto lo anterior, aunque es cierto que Escocia y Cataluña siguen siendo diferentes, es posible que empiecen a coincidir a la hora de responder a las prohibiciones del referéndum.