Las cosas del PP

El primer revés estaba cantado, y llegó el martes. La Cámara baja bloqueó a instancias del PSOE el calendario del nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para la implantación de la polémica LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza).

Pero Rajoy podía haber evitado a su partido el segundo contratiempo: el fallido intento de nombramiento ayer del ex-ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Primero como presidente de la comisión de Exteriores del Congreso y más tarde de la mixta del Tribunal de Cuentas.

Han pasado muy pocas semanas desde que el Parlamento acordó, con el apoyo de todos los grupos excepto el popular, reprobar a Fernández Díaz por sus vergonzosas conversaciones con el exresponsable de la Oficina Catalana Antifraude, grabadas ilegalmente. Con semejante precedente, el presidente del Gobierno sabía que intentar compensar al amigo con un carguito por haberle dejado fuera del Consejo de Ministros podía ser considerado casi una provocación y recibir un rotundo no. Es lo que sucedió, aunque por los pelos.

Si el exministro no está hoy al frente de Exteriores es por la frontal oposición que mostraron desde el principio Podemos y el PNV. Y es que el martes, PSOE y Ciudadanos barajaban aceptar a Fernández en cumplimiento de los acuerdos con el PP para repartirse las mesas de las comisiones.

Pero la presión podemita y, posiblemente, las críticas mediáticas que suscitó la posición inicial del PSOE llevaron ayer a los socialistas a rectificar otra vez y a vetar al exministro.

El PP no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados y a media tarde halló la solución. Fernández presidirá la comisión de Peticiones, un puesto de segunda que designa a dedo el partido más votado. Desagravio -y plus salarial- conseguido.

Mientras, a cuatrocientos kilómetros, en el Parlamento de Vitoria, el PP vasco presentó también ayer un puñado de iniciativas legislativas. Entre ellas una proposición para cambiar la ley que regula el Tribunal Vasco de Cuentas, órgano nombrado por el Legislativo que tiene como misión vigilar que todas las instituciones vascas gastan bien los dineros públicos.

La iniciativa tiene un objetivo tan loable como evitar que se repita lo sucedido la pasada legislatura cuando el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, del PNV, pasó directamente del sillón foral al de presidente del Tribunal Vasco de Cuentas. Los conservadores pretenden que ningún político acceda al órgano fiscalizar hasta seis años después de finalizar su vida pública.

Tanto el lehendakari Iñigo Urkullu como la socialista Idoia Mendia, en las entrevistas que concedieron a EL CORREO en la última campaña, se mostraron favorables a un cambio legal en esta dirección. Cambio que, en opinión del portavoz popular Borja Sémper, persigue que la credibilidad del tribunal «no vuelva a quedar en entredicho» con nuevos casos como el de Bilbao, ni se convierta «en un cementerio de elefantes».

Todo perfecto si no fuera por el afán que desplegó ayer su partido en el Congreso para buscar acomodo a Fernández Díaz, hasta que lo logró. Y porque ni el PP ni nadie ha movido un dedo para que en el Tribunal de Cuentas del Reino sigan tomando asiento unos cuantos de esos elefantes-as, exministras incluidas, del PP y del PSOE.