Los presos de ETA aceptan por vez primera trabajos en prisión para redimir condenas
Comienzan a hacer tareas en economatos, lavanderías o bibliotecas tras una decisión colectiva del EPPK
jorge sainz
Domingo, 10 de abril 2016, 03:03
Los presos de ETA han comenzado a aceptar trabajos dentro de prisión para poder redimir años de condena y acceder a futuros beneficios penitenciarios. La ... decisión supone un cambio de actitud del colectivo oficial de reclusos, EPPK, que de esta manera intenta explorar todas las posibilidades que ofrece la legalidad penitenciaria para mejorar su situación en las cárceles y acelerar la futura salida de todos sus miembros, según fuentes conocedoras de los entresijos de las prisiones. Hasta ahora, los reclusos nunca habían recurrido a los empleos en prisión para conseguir redenciones de penas, salvo casos muy concretos de internos a los que estos trabajos suponían una mejora de su situación psicológica. La nueva estrategia ha sido consensuada por todo el EPPK, que la apoya como colectivo. De hecho, supone «desarrollar» la vía anunciada el 28 diciembre de 2013 por el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos, que supuso el inicio del cambio gradual de la estrategia histórica.
Una gran marcha el domingo para avalar los pasos de los reclusos
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Los movimientos que están dando los presos de ETA, y los que se prevén para el futuro, cuentan con un aval importante y simbólico el del colectivo de ex reclusos. Se trata de un respaldo clave para que los miembros del EPPK puedan seguir avanzando en una senda inexplorada hasta ahora. Los excarcelados ultiman ya la manifestación del próximo domingo en Bilbao, con motivo del denominado Día internacional de los presos políticos, en la que esperan reunir una gran participación. No alcanzará las multitudes de la cita anual de principios de enero, que reúne a decenas de miles de personas, pero los convocantes confían en lograr la adhesión de miles de participantes. Una gran marcha que servirá también para visualizar el «respaldo social» a los pasos que adopten en los próximos meses los encarcelados. El apoyo de los ex presos es fundamental, en tanto que son personas que han compartido con ellos «experiencias y sufrimientos en prisión» y tienen gran «legitimidad interna», añaden las fuentes consultadas. Más de 700 exreclusos presentaron el 13 de marzo el manifiesto de Usurbil. Aquella inédita imagen supuso una importante cohesión y cierre de filas ante una cuestión delicada.
De momento son un grupo reducido, no más de una veintena, los internos relacionados con ETA que han reclamado lo que en el argot carcelario se denomina petición de destino, según los medios consultados. Estos presos han comenzado a desempeñar en prisión funciones en dependencias como la lavandería, la biblioteca o el economato. Solo pueden redimir años de condena a través de estas medidas los internos condenados antes de julio de 2003, cuando el Gobierno Aznar reformó el Código Penal y endureció las condiciones a las personas condenadas por delitos de terrorismo, amén de instaurar los cuarenta años de cumplimiento íntegro de las condenas. Instituciones Penitenciarios ha aceptado ya varias de estas peticiones de destino, por lo que varios presos de ETA están desempeñando ya sus nuevas tareas con normalidad.
Se prevé que paulatinamente vayan sumándose más reclusos de la organización a estas actividades laborales, que podrían servirles también para progresar de grados y abandonar en un futuro el más duro, el primer grado. En este régimen es en el que están clasificados más del 95% de los 387 integrantes del EPPK a día de hoy, según datos de la asociación de familiares de presos, Etxerat. De hecho, prácticamente todos los encarcelados en España están clasificados en ese primer grado, que no permite permisos de salida ni beneficios penitenciarios. La aceptación de empleos en prisión es una de las posibilidades legales que el EPPK ha comenzado a explorar de forma colectiva para mejorar su situación y avanzar en la vía de la unilateralidad ante la negativa del Gobierno del PP a flexibilizar la política penitenciaria. El colectivo oficial está decidido a activar «toda la potencialidad» que ofrece la legalidad vigente, en el marco del desarrollo del documento de diciembre de 2013.
Para ello cuenta con el apoyo del colectivo de ex presos, que considera que aprovechar el marco normativo es también una «herramienta que va a crearle contradicciones al Estado» y sirve como «campo de confrontación», en palabras del ex preso Antxon López Ruiz, Kubati, histórico miembro de ETA liberado tras la abolición de la doctrina Parot y uno de los firmantes del manifiesto de Usurbil suscrito por 1.200 exreclusos. El EPPK tiene asimismo el aval de la izquierda abertzale a los futuros pasos que dé en adelante, principalmente tras la sugerencia de comienzos de año del responsable de Sortu para la Resolución del Conflicto, Rufi Etxeberria, de que actuaran con «más audacia» en el ámbito jurídico.
Atenuantes
Esos empleos permiten a los internos disponer de pequeños recursos económicos propios, al tener un salario, y comenzar a cotizar en la Seguridad Social, algo importante una vez que recobren la libertad, ya que en muchos casos salen a la calle con pocos ingresos. Además de las peticiones de destino, los presos también están dispuestos a exprimir otros flancos legales no explorados hasta ahora, en aras a mejorar su situación y acelerar su acercamiento y excarcelación, como ya avanzó este periódico, con las líneas rojas del arrepentimiento y la delación. Por ejemplo, el EPPK estudia opciones como la aplicación de atenuantes recogidos en el Código Penal, como ha ocurrido con los 35 líderes de Batasuna procesados en el caso Segura que eludieron la prisión tras un acuerdo con la Fiscalía. También se quiere aludir a la jurisprudencia que puedan crear sentencias de la UE, como una reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Ucrania por alejar mil kilómetros a un encarcelado.
Siguen barajando estos y otros pasos en el seno de un proceso de debate interno que se alargará probablemente varios meses. A fecha de hoy, el colectivo está formado por 387 personas, una de las cifras más bajas de la historia. Un centenar de ellos podría disfrutar de permisos en unos meses si avanzan en el cumplimiento de la legalidad. Por el contrario, existe un grupo de 150, los condenados desde 2003, que no tienen posibilidad de acceder a permisos, y se enfrentan a purgar treinta o cuarenta años de reclusión real.
Del total de los encarcelados, 297 lo están en centros penitenciarios del Estado español, cuatro de ellos en Euskadi. Otros 85 siguen recluidos en Francia, además de uno en Portugal, otra en Suiza -la recientemente detenida Nekane Txapartegi- y tres en prisión domiciliaria.
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