La ponencia de autogobierno queda en un punto muerto dos años después de arrancar

Dos años después de constituirse con el objetivo de analizar la situación del autogobierno vasco y buscar puntos de consenso para reformar el actual Estatuto de Gernika, la ponencia creada a tal efecto en el Parlamento entró ayer en una especie de punto muerto. Los partidos evidenciaron que la fórmula diseñada para avanzar en las negociaciones había llegado a un tope en el que resultaba complicado concretar más y han buscado una vía alternativa: mantener reuniones bilaterales fuera de la ponencia. Salvo sorpresas, el debate no se reactivará hasta la próxima legislatura, con un Parlamento más fraccionado y la previsible entrada con fuerza de Podemos.

El futuro del foro queda en entredicho a corto plazo. Aunque las elecciones se celebren cuando tocan, en octubre, no hay tiempo material para ir mucho más allá, sobre todo porque los meses de julio y agosto son inhábiles y el Parlamento estará disuelto en septiembre. Además, no es probable que los partidos estén dispuestos a tejer consensos en plena campaña. Y eso sin tener en cuenta la hipótesis de que los comicios se adelanten a junio.

Desde principios de año, los partidos habían entrado en una fase de exposición de proyectos con un formato no especialmente práctico. Cada formación exponía su tesis y el resto opinaba y expresaba sus pegas o coincidencias. No se ha trabajado con un articulado concreto, ya que el Gobierno vasco optó por no presentar ningún texto y dejar a los grupos que intentasen llegar a un mínimo consenso. El modelo generó las críticas de las fuerzas de la oposición al considerar que era bastante inoperativo y que hacía imposible abrir un debate con un cierto sentido.

Una treintena de expertos

Ayer era el turno del PNV, que insistió en su apuesta por un nuevo estatus en el que se reconozca al pueblo vasco como sujeto político y su derecho a decidir, pero dentro del marco legal y sin apostar por vías unilaterales. Fue la intervención final de un foro para el que no se ha fijado ninguna nueva reunión. La coordinadora de la ponencia, Jone Berriozabal (PNV), explicó que los grupos pueden buscar a partir de ahora puntos de encuentro, pero a través de reuniones bilaterales y fuera del órgano parlamentario.

Sólo en el caso de que dos o más formaciones acercasen posturas y viesen factible pactar un documento de mínimos podrían solicitar una nueva convocatoria de una ponencia creada en febrero de 2014 tras un pacto alcanzado por el PNV y el PSE.

Las dudas sobre el alcance del foro surgieron desde el primer momento, al ser evidentes las discrepancias que plantean las propuestas del PNV, EH Bildu, PSE y PP. La sensación era que resultaría muy complicado lograr un consenso similar o mayor al que obtuvo el Estatuto en 1979.

A pesar de ello, una treintena de juristas, académicos y políticos, tanto en activo como ya retirados, pasaron por la ponencia en una primera fase. Esa parte concluyó en mayo del año pasado, para dar paso a una sucesión de informes solicitados por todos los partidos a diferentes expertos e instituciones. Fue a principios de este año cuando se pasó a la fase declarativa sin obtenerse ningún resultado.

Desde el PSE, Isabel Celaá admitió que la ponencia está «muy diluida». Los socialistas son muy críticos con el Ejecutivo vasco, al considerar que ha delegado en el Parlamento una cuestión que constituía uno de sus pilares de gobierno. Borja Sémper (PP) fue más allá y sostuvo que la ponencia está «muerta» porque «no hay novedades». «Las posiciones son las ya conocidas», aseguró el portavoz popular.