La primera radiografía completa de los secuestros de ETA

Ortega Lara, tras su liberación./
Ortega Lara, tras su liberación.

La banda terrorista recaudó 38,5 millones de euros mediante raptos, según revela un estudio elaborado por dos profesores de la UPV. La mitad de sus víctimas eran empresarios

LARA OCHOA

Tres décadas. 86 víctimas. 38,5 millones de euros pagados a cambio de la libertad. Son las cifras que arroja un reciente estudio y que proporcionan, por primera vez, una radiografía completa de los secuestros de ETA. Su primera víctima fue José Ángel Aguirre, director de la sucursal del Banco Guipuzcoano en Elgoibar. Era el año 1970. La última, Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua que fue asesinado en 1997 tras dos días de cautiverio. Entre estos dos nombres hay 27 años de terror que contienen casi un centenar de historias personales. Víctimas también de ETA, que no han recibido en ocasiones la atención que merecen por parte de la sociedad, los agentes políticos y el mundo académico.

Éste es el punto de partida del estudio llevado a cabo por los profesores de la Universidad del País Vasco Francisco Llera y Rafael Leonisio, y publicado por la Revista Española de Ciencia Política. Mientras el terrorismo ha sido objeto de numerosas investigaciones, las víctimas «no han recibido la suficiente atención de la literatura académica. Y los que lo hacen se centran exclusivamente en las víctimas mortales de ETA», explican en la primera página de su trabajo, Los secuestros de ETA y sus organizaciones afines, 1970-1997: una base de datos.

Los cautiverios más largos, en los 90: Ortega Lara, Aldaia y Delclaux

Los 90 fueron los años en los que ETA perpetró sus secuestros más largos. El exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara fue el que más tiempo estuvo cautivo. 532 días. Del 17 de enero de 1996 al 1 de julio de 1997. Ese mismo día fue liberado también, aunque en este caso por sus secuestradores, Cosme Delclaux. El abogado getxotarra estuvo 232 días secuestrado. Tras conocer su puesta en libertad, el por aquel entonces era consejero vasco de Justicia, el socialista Ramón Jáuregui, expresó su satisfacción por su liberación y felicitó a la familia. Recordó, no obstante, tal y como se recoge en el libro de Kepa Pérez Secuestrados. Símbolos de libertad, que «probablemente Cosme esté libre mediante pago, por lo que hoy y ahora ETA tiene más dinero para seguir secuestrando y matando». Se barajó la cifra de que sus familiares habían pagado mil millones de pesetas por su libertad. Jáuregui no se equivocó. A los pocos días, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco. Sería su último secuestro, pero el desenlace fue fatal.

En la década de los noventa también fue secuestrado José María Aldaia. El empresario ha sido el guipuzcoano que más tiempo ha estado cautivo y el segundo secuestro más largo perpetrado por ETA, solo por detrás de Ortega Lara. Fueron 342 días de oscuridad. Del 8 de mayo de 1995 al 14 de abril de 1996. Fue liberado en el puerto de Azkarate, en la misma zona en la que meses antes fue también puesto en libertad el ingeniero donostiarra Julio Iglesias Zamora.

Según recogen los periódicos de entonces, fuentes policiales informaron de que el nombre de Aldaia estaba en las listas de posibles objetivos de la banda tras una información incautada al comando Donosti. De hecho, en esos papeles se especificaba que ETA podía pedir un rescate de mil millones de pesetas. Kepa Pérez recoge en su libro que la familia pagó entre 100 y 125 millones de pesetas por su liberación.

El artículo presenta una base de datos «inédita» que recoge diferentes variables relativas a los secuestros perpetrados por la banda terrorista y sus escisiones ETA de la dictadura, político-militar, militar, político-militar VII Asamblea y Comando Autónomos Anticapitalistas. Así, a lo largo de veinte páginas, multitud de datos dibujan el perfil de la víctima, la fecha del secuestro, el lugar, el motivo, el importe del rescate pagado, el desenlace y si existió o no movilización social. En total, Llera y Leonisio contabilizan 86 secuestros entre 1970 y 1997. En su base de datos incluyen únicamente aquellos secuestros premeditados y no los que fueron consecuencia indirecta de otras acciones como, por ejemplo, el robo de un vehículo.

Una de las conclusiones del estudio es que la mitad de los secuestros tuvieron un móvil económico, es decir, su principal finalidad era el cobro de un rescate. No sorprende por lo tanto que otro de los resultados de la investigación sea que casi la mitad de sus víctimas fueran empresarios. Según los profesores, estos secuestros económicos tenían, además del cobro de un rescate, otra motivación indirecta: servir de mecanismo intimidatorio sobre aquellos empresarios que no estaban dispuestos a aceptar el chantaje de ETA y pagar el denominado impuesto revolucionario.

Al igual que ocurre con la extorsión, los secuestros de la organización han estado históricamente rodeados de incertidumbre en torno a la cuantía del rescate que las familias de las víctimas pagaron por su liberación. Aunque los investigadores advierten de que el dinero recaudado por ETA mediante secuestros es complicado de cuantificar, concluyen que la organización terrorista logró por esta vía al menos 6.420 millones de las antiguas pesetas, 38,5 millones de euros. De las mencionadas escisiones de la banda, fue ETA militar la que más rédito sacó de sus 14 secuestros perpetrados por motivación económica, concretamente, 5.200 millones de pesetas, 31,2 millones de euros. La rama político-militar cobró al menos 656 millones de pesetas, ETA de la dictadura, 54 millones, ETA pm VII Asamblea, 325 millones y los CAA 185 millones de pesetas.

Dos formatos de secuestros

Otra de las principales conclusiones que arroja el estudio de los datos compilados por los profesores Llera y Leonisio es que «ETA político-militar y ETA militar llevaron prácticas opuestas en lo que respecta a los formatos de los secuestros». Los polimilis fueron los que más secuestros cometieron 46 frente a los 21 de la rama militar de la organización, pero con una duración menor. Eran los denominados secuestros exprés duraban unas horas, mientras que el 70% de los llevados a cabo por ETA militar se alargaron más allá de los diez días. De hecho, la media de cautiverio de sus 21 víctimas es de 89 días.

Otro dato revelador es que Bizkaia y Gipuzkoa concentran el 80% de los raptos cometidos por ETA y su entorno. En total, 37 personas fueron secuestradas en el territorio vizcaíno frente a las 31 en Gipuzkoa. La realidad que se esconde detrás de estos números es que, como se ha indicado anteriormente, el principal móvil de estos secuestros era el económico, y era precisamente Bizkaia el territorio vasco con mayor peso empresarial.

La motivación económica explica también que en la mayoría de ocasiones la víctima fuera liberada sin daños físicos, aunque en el caso de la rama militar de la organización, uno de cada cinco secuestrados fue asesinado. El empresario guipuzcoano Ángel Berazadi fue el primero de esta lista negra. Era 1976. Habría nueve secuestrados asesinados más, entre ellos, el empresario Javier Ybarra Bergé (1977) y el ingeniero José María Ryan (1981). El último en engrosar esta macabra lista fue Miguel Ángel Blanco. Nueve días después de la liberación de José Antonio Ortega Lara, el 10 de julio de 1997, ETA secuestraba al edil del PP de Ermua y condicionaba su libertad al acercamiento de los presos. Dos días después era asesinado en Lasarte-Oria.

Movilizaciones

La fecha del asesinato del edil del PP de Ermua es significativa para entender también la evolución de la reacción social ante estos atentados durante el periodo de tiempo estudiado (1970-1997). Las movilizaciones y las marchas de protesta masivas, primero para pedir su liberación y después para condenar su asesinato, se sucedieron por toda la geografía española, pero la sociedad no siempre ha respondido de la misma manera ante estos actos. De hecho, tal y como recoge el informe, solo un tercio de los secuestros tuvo una respuesta social.

Durante el franquismo y la transición, la movilización fue minoritaria e incluso inexistente. Según avanzó la democracia, la sociedad comenzó a empatizar con la víctimas, gracias en parte a la labor que ellas mismas realizaron a través de diferentes asociaciones. Por eso no es de extrañar que esas movilizaciones se dieran mayoritariamente a partir de 1986, año en el que surge Gesto por la Paz, y tras la firma en 1988 del Pacto de Ajuria Enea. El acuerdo entre Alianza Popular, Centro Democrático Social, PNV, PSE, Euskadiko Ezkerra y Eusko Alkartasuna para la normalización y pacificación en Euskadi fue el primer paso de un largo camino hacia el fin de la violencia.

El anuncio del cese de la actividad terrorista de ETA hace casi tres años y medio ha contribuido a que esta radiografía forme parte del pasado, pero no del olvido. Este estudio, que como en anteriores ocasiones lo han hecho otros, sirve para traer a la memoria a todas aquellas personas que durante años vieron amenazada su libertad y que fueron asesinadas por defenderla.

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