Ningún ayuntamiento vasco aplica el canon que penaliza a las viviendas vacías

El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes aprobó hace dos años un decreto que habilita a las entidades locales para imponer un canon de 10 euros por metro cuadrado al año a los pisos que llevan dos años sin ocupar. La normativa, que detalla los criterios para declarar una vivienda vacía -desde el padrón a consumos anormalmente bajos de electricidad, agua y gas-, buscaba dinamizar el mercado, pero, de momento, ningún ayuntamiento la ha aplicado.

El propio consejero del área, Iñaki Arriola, reconoce en una respuesta parlamentaria a Elkarrekin Podemos-IU fechada en noviembre que esperaban que «se hubiera producido su implantación operativa en un número significativo de ayuntamientos», especialmente «de ámbitos urbanos, afectados por las crecientes dificultades de acceso a la vivienda de sus vecinos». Y así creían que sucedería dado el interés mostrado en los últimos años por partidos y agentes sociales, y también por el «amplio período» del que se ha dispuesto para trabajar, ya que esta regulación deriva de la Ley vasca de Vivienda, aprobada en 2015 por PSE, EH Bildu y UPyD y rechazada por PP y PNV. El decreto no se desarrolló hasta seis años después porque el Gobierno central presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que finalmente avaló esta medidas y otras de las litigadas.

¿Qué ha pasado entonces? Son varios los factores que pueden explicar que las administraciones locales hayan dejado a un lado esta posibilidad, que suscitó gran interés en su momento pero que también despertó algunas críticas, como las del entonces alcalde de Vitoria y presidente de Eudel, Gorka Urtaran, que mostró sus reservas por la «complejidad» del proceso, que exige un arduo trabajo de inspección para corroborar que las casas cumplan los requisitos que permiten penalizar a sus dueños, y por «el coste» de los servicios adicionales que deberían desarrollar los municipios para elaborar el registro.

Pero el consejero Arriola menciona otros motivos para contextualizar esta falta de interés, como la implantación de recargos en el recibo del IBI cada vez en más localidades. En Bilbao, donde se abrió una oficina de información para propietarios, esa medida lleva años extendida. La capital vizcaína también había dado pasos para implantar el canon, pero de momento han renunciado a seguir con el proceso. Fuentes del área de Vivienda del Ayuntamiento, en manos de la socialista Yolanda Díez, señalan que «no es una prioridad y no está previsto que se aplique a corto plazo». Bien es cierto que la simple amenaza de su puesta en marcha sacó al mercado el pasado año 200 de los algo más de 2.100 viviendas que estimaban que estaban sin ocupar. Aclaran los mismos portavoces que, en general, los pisos deshabitados «no son fijos, unos entran al mercado y otros salen de él», por lo que entienden que «son pocos los que podrían ser estructurales» y, por lo tanto, susceptibles de estar sujetos a ese gravamen.

El consejero también alude a que la vivienda deshabitada «ha ido disminuyendo de manera muy importante», en parte porque algunos propietarios pensaban que podían ser penalizados si se implantaba el canon, como sucedió en la capital vizcaína, pero también por «la escasez de oferta» de casas disponibles «ante una demanda galopante» después de la pandemia, período en el que la construcción sufrió un importante retroceso.

¿Y cuál es la situación? Si nos fijamos en los datos del último Censo de Población y Viviendas del INE, de 2021, en Bizkaia había 34.118 casas vacías. Para hacerse una idea del volumen, basta con comparar con los inscritos en Etxebide como demandantes de un hogar, que en el territorio rondan este año los 38.000.

Pero la realidad no es tan sencilla como que dos y dos sean cuatro. Lo pone sobre la mesa Aitor Iza, alcalde de Orozko, localidad que según el INE tiene una tasa de viviendas deshabitadas cercana al 14%. «Mucha gente tiene el caserío y va un rato los fines de semana, a la huerta, o se pasa una temporada en el caserío y otra en el piso del centro, y una de las viviendas está vacía en una época del año y la otra, en otra», ejemplifica. Se trata de una situación que poco tiene que ver, por ejemplo, «con la de una ciudad» -en Bilbao, según el INE, es del 5,5%-, y además, incide el regidor, «no hay demanda, no hay una preocupación en el pueblo porque no falta vivienda».

Más preciso es el último cálculo del Gobierno vasco, que habla de 6.707 casas «gestionables» de cara a aplicar el canon en el territorio, 978 de ellas en la capital. Pero ese análisis, a estas alturas, debe mirarse con cautela, ya que se basa en una prospección realizada también en 2021.

¿Entonces? La respuesta más fiable estaría en los censos de viviendas vacías que podrían elaborar los ayuntamientos de cara a tener una radiografía de su municipio para la aplicación del canon, un registro que tampoco ha presentado ningún consistorio, aunque portavoces del departamento de Arriola señalan que algunas administraciones locales «están dando pasos». Subrayan, eso sí, que ellos lo que hicieron fue «crear un marco normativo», pero son los regidores locales «los que tienen que decidir cómo está la situación si les interesa o no habilitar esos instrumentos».