Basauri rechaza devolver la plusvalía a una vecina a pesar de la reclamación del Ararteko
El Ayuntamiento aclara que la mujer no ha ido al juzgado y que de tomar en consideración su reclamación, tendría que devolver también otros cobros incorrectos
De poco le ha servido a una vecina de Basauri que el Ararteko, la institución a la que pueden recurrir los ciudadanos cuando sufren una tropelía por parte de las administraciones, le reconociese el pasado mes de enero que el Ayuntamiento le había cobrado de forma incorrecta la denominada plusvalía municipal, impuesto que los Consistorios requieren a los propietarios de una vivienda cuando la venden y tienen ganancias.
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El Defensor del Pueblo vasco, Manu Lezertua, le sacó los colores a la institución local, gobernada por PNV y PSE, y requirió anular de oficio el cobro de 1.718,52 euros, porque la reclamante no sólo no ganó con la transacción, sino que perdió dos euros tras la liquidación. La resolución reveló además que el Consistorio está gravando a sus vecinos por un beneficio que realmente no están teniendo, algo que otros ayuntamientos de Bizkaia han renunciado a hacer después de que la sentencia del Tribunal Constitucional anulase la norma estatal.
El Ejecutivo local discrepa y no está por la labor de renunciar a la importante fuente de financiación que supone el cobro de este impuesto municipal. Entiende que devolver la cuantía recurrida incumpliría el «derecho de igualdad» con respecto a otros vecinos a los que también se les ha cobrado de forma indebida y que no lo han exigido. «Es inadmisible hacerlo», asegura la portavoz del Ayuntamiento, María Larrinaga.
Decreto de alcaldía
Los responsables municipales justifican su decisión de no reembolsar la cuantía porque la mujer no acudió a los tribunales una vez que el Ayuntamiento, mediante un decreto de alcaldía, desestimó su recurso de reposición el pasado mes de febrero. «Entendemos que es firme y consentida porque no se recurrió en tiempo y forma» en los juzgados, explica la portavoz municipal.
En esta línea, Larrinaga aclara que los distintos departamentos municipales establecen «criterios jurídicos con la secretaria y el asesor jurídico para proteger los intereses municipales» y en este caso, a pesar de existir una sentencia contra la norma estatal, se ha decidido seguir materializando el cobro como, por ejemplo, también hace Getxo. La edil manifiesta a preguntas de Elkarrekin Podemos que de aceptarse la reclamación entrarían en una «dinámica peligrosa porque no podría ser contraria al principio de igualdad, pero tampoco al interés público y ordenamiento jurídico».
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Los mandatarios locales consideran que no sería de recibo devolver un cobro sobre el que no se ha completado la reclamación por la vía judicial, a pesar del coste económico que supone para la vecina. Por último, consideran que las resoluciones del Ararteko «no son ni vinculantes ni tienen potestad para anular los actos administrativos».
En el escrito al que ha tenido acceso este periódico se relataba cómo la mujer, que acudió al Defensor del Pueblo vasco para precisamente ahorrarse los gastos judiciales, compró en 2003 una vivienda y dieciocho años después la vendió por 170.000 euros, perdiendo al final dos euros.
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